JUICIO DE CONVENIENCIA

¿Por qué el gobierno argentino y a pedido de quiénes acelera su intención de abrir el juicio contra funcionarios iraníes y ciudadanos libaneses?

 

Por Charles H. Slim

El publicitado anuncio del inicio del juicio en ausencia contra los sospechados de ser autores de los atentados en 1992 y 1994 en Buenos Aires no podría ser más conveniente. Lo hemos dicho muchas veces, la casualidad no existe y mucho menos en la política argentina. La armada acusación que se lanza sobre ciudadanos iraníes y libaneses bajo el rótulo de terroristas no solo es una injuria más contra los musulmanes sino, una vergonzosa operación a la cual el gobierno argentino se presta atendiendo a meros y circunstanciales intereses geopolíticos.

Ciertamente, no hay casualidad en este anuncio. En momentos que Israel intentó (con la ayuda de EEUU) destruir a las potencialidades tecnológicas y al sistema político iraní, la administración de justicia argentina notablemente signada por los tiempos del poder, decide que iniciará un proceso valiéndose de una herramienta legal ajena a la tradición jurídica argentina. 

Esta movida ya era advertida a comienzos de año, cuando entre gallos y medianoches, en el senado se sanciono el “juicio en ausencia”, una institución del sistema anglosajón (Commonwealth) y por ende extraña a la Constitución nacional. Tal como lo afirman sus propios relatores, esta institución fue insertada con el propósito de abrir un juicio por el atentado contra la AMIA de 1994 con lo cual se advierte una poderosa presión sectorial orientada a un sector bien determinado. Como vemos no se trata de una decisión “judicial” en busca de justicia sino una movida de carácter netamente político y que claramente a su vez responde a intereses geopolíticos de un actor llamado Israel.

Pero este no el único problema en esta pretendida búsqueda de justicia. Durante décadas se ha prejuzgado sobre los posibles autores de ambos atentados, algo que fue funcional para tapar las injerencias locales que involucraron a personeros políticos de DAIA y AMIA con el entonces gobierno menemista. Al mismo tiempo y ese prejuicio por efecto de una prensa ajustada a un solo relato lo ha carnificado en una opinión general que por ignorancia, miedo a comprometerse o simple desinterés ignora los pormenores de aquellos hechos y solo repite lo que los medios dicen.

Incluso si diéramos algo de credibilidad a las pesquisas y supuestas pruebas valoradas por las instancias inferiores, la pregunta que las personas del común deberían hacerse es ¿Cuáles son esas pruebas y quiénes las aportaron?

Pero regresando a la decisión de abrir un juicio contra personas que no estarán presentes y sobre las cuales pende un innegable prejuicio por razón de su nacionalidad, ideología y religión, no se necesita tener conocimientos en derecho para saber cuál será la sentencia.

Más allá de este particular caso, la incrustación forzosa de este engendro del derecho angloestadounidense, sentará otro mal precedente para el tan trillado y exclamado respeto por la república y la democracia. Tan clara y alevosa es la direccionalidad con la que se han conducido (supongamos que las hubo) las investigaciones que la posibilidad de que semejante engendro pueda materializarse ya advierte de su inevitable nulidad.

Obviamente que los beneficiados por esta movida (y que no son las víctimas), ven de parabienes el desarrollo de esta parodia de proceso judicial que forma parte del frente propagandístico de Tel Aviv contra la república de Irán.

Y también vemos que no es casual este sorpresivo diligenciamiento de una justicia federal recurrentemente acomodaticia a los tiempos de los gobiernos de turno, que hoy se repite con este llamado “gobierno libertario” que solo es una máscara de otros intereses.

Pero volviendo a lo exclusivamente jurídico podemos intuir que los abogados de la parte iraní (que suponemos deberían tenerlos) tienen para echar mano y fundar la falta de imparcialidad, el sesgo notoriamente anti iraní e islamófobo de la propia posición del gobierno y que surgieron de las propias palabras del presidente Javier Milei cuando para apoyar a su amigo Benjamín Netanyahu en su ilegal agresión catalogó a Irán como “enemigo de la Argentina”.

Si la puñalada israelí del 13 de junio pasado -que implico la detonación de autos bomba en residencias familiares de funcionarios iraníes- hubiera salido como lo esperaban Netanyahu y sus acólitos del sionismo revisionista, otra sería la historia e incluso las palabras injuriosas del presidente argentino podrían carecer de importancia ya que, los lideres iraníes asesinados y su país sumido en el caos (como Iraq en 2003 y Libia del 2011) la parodia de juicio no encontraría reparo alguno e incluso seguramente, sin una mínima cobertura de los medios sería apoyada por las marionetas políticas que los estadounidenses pondrían en Teherán.

Más allá de la insustancialidad probatoria de la que sufre esta causa y que solo tiene como sostén los informes de inteligencia del Mossad y la CIA (que no son organismos auxiliares de la justicia) insertados judicialmente por el fiscal Alberto Nisman, ambas agencias hostiles a Irán y expertas en falsificar pistas para crear intervenciones bélicas hechas a medida de los intereses de sus gobiernos, el actual posicionamiento del gobierno argentino y muy particularmente de su presidente, no da las seguridades jurídicas mínimas para un debido proceso.

Pero más allá de esta clara maniobra geopolítica, la inserción del instituto del juicio en ausencia podría ser más ventajoso que lo que sus impulsores han pensado ya que, atendiendo a los delitos que procesa (lesa humanidad, crímenes de guerra y todos los contemplados en el Estatuto de Roma y Convenciones Interamericanas e internacionales contra la desaparición de personas y tortura entre otros), se abre la posibilidad de que las víctimas (o sus representantes) del terrorismo y genocidio a manos de Israel se conviertan en querellantes en juicios similares sin ninguna dificultad.