NACIONAL

“CRISTINA, QUE Kgada!”

De presidente a  imputada: Cómo puede evolucionar la causa penal abierta contra Cristina Fernández y Cia bajo las presiones político- sectoriales de la Campora sobre la justicia

Por Charles H. Slim

Tras la declaración que hubo realizado el gran arrepentido “Leo” Fariña,  en la que dejo en claro quiénes estaban en la cabeza de la gran cadena del negocio de lavado de activo y la ruta de los dineros públicos en la Argentina, se comenzaron a mover las placas tectónicas de la política nacional donde como si de un terremoto grado 9, sacudiera a todos los estamentos del estado y en especial el de la administración de justicia.  Y es que entre los sindicados por el joven contador se encuentran  nada menos que el difunto ex presidente Néstor Kirchner y su predecesora en el cargo, Cristina Fernández.

A estas declaraciones que han colocado al joven arrepentido en una peligrosa posición, se agregó la aparente valentía de los jueces federales, que dicho sea de paso, se habían olvidado de ejercer sus funciones en aquellos momentos cuando reinó en imperio K y sus más incisivos lugartenientes. Hoy “aparentemente” revitalizados en sus puestos, parecieran estar decididos a hacer cumplir la ley y la manda que reza en  la Constitución nacional, que el artículo 16 a grandes rasgos garantiza la igualdad ante la ley, agregándose la del presidente Macri que realizó unas horas antes en la que, indirectamente lanzó contra la ex presidente Fernández diciéndole “se acabó la impunidad, todos somos iguales ante la ley”.

Fariña luego de una golpisa en la cárcel

Para Cristina Fernández y su círculo intimo, la situación fue un trago amargo muy difícil de pasar.  Tras meses de ostracismo y ausencia en los medios, la ex presidenta saltaba a la publicidad por la nada agradable noticia de haber sido procesada y en virtud de ello, citada a declaración indagatoria para el día miércoles 13 de abril.  Un revitalizado juez Casanello asistido por el fiscal Guillermo Marijuan, decidió que había motivos suficientes para impulsar varias medidas tendientes a acreditar las aseveraciones del “valijero”  Fariña.  Y para la ex presidenta y su nutrido grupo de obsecuentes que manejan a la provincia de Santa Cruz, los allanamientos realizados en varios sitios estratégicos de la “familia K” en Río Gallegos, fue una situación altamente estresante y claramente corrosiva para los nervios de la ex mandataria que, según algunas fuentes presentes en esos momentos, alegan que la situación de estar siendo asechada la propiedad en donde se hallaba, desató un ataque de histeria que debió ser calmado con medicamentos.  Incluso, la molestia de estas medidas habría llevado a que sectores afines a la “Campora” se atrevieran a lanzar amenazas contra la familia del fiscal Guillermo Marijuan.

Algo había que hacer para tratar de contra restar esta situación y entonces Cristina ordenó  a su hijo Máximo reorganizar y mover todos los elementos disponibles –desembolsando dinero obviamente- para tratar de girar la escandalosa realidad que había salido a la luz no solo por los testimonios de valijeros arrepentidos o de empresarios que hasta no hacía mucho eran grandes amigos.  De esta manera y mediante una acelerada  e ingente gestión telefónica desde Río Gallegos, “el nene” bajo las ordenes de la “mamá” llamó  a los capos de la Campora en la pcia de Buenos Aires, para que hicieran los arreglos  del “operativo regreso” que algunos caraduras se atrevieron comparar con el “17 de octubre”.

Diana Conti ¿Viva Perón?

Más allá de la movilización de “militantes” que partió desde Aeroparque y que se allegó hasta el barrio de Recoleta, la ex mandataria sabía que en unas horas debería presentarse ante un juez que le haría saber que tiene la posibilidad de ejercer su defensa ante los cargos que se han levantado contra ella y que, de creerlo conveniente, poder quedar detenida. Lejos de las fábulas mediáticas, tanto de un lado como del otro, lo cierto era que “Cristina” cortaba clavos y la tensión a la que se vio sometida en las horas previas a presentarse ante el juez Casanello, quedaron reflejadas en los más cercanos felpudos de la ex mandataria que –indiscreciones mediante- filtraron que la “señora no debe ser molestada ya que tiene un terrible dolor de cabeza”.

Sin dudas de que la ex mandataria, tiene sobre su cabeza la espada de Damocles que más bien se puede precisar que se trata la de la justicia y ella lo sabe muy bien.  No hay que olvidar que desde que abandono la Casa Rosada todos los obsecuentes de su entorno desaparecieron y hasta la desconocieron  cuando comenzaron a revolver en los asuntos que había manejado durante más de doce años.  Incluso algunos de los más insignes alcahuetes, al verse comprometidos o tocados con las investigaciones activadas por el gobierno de Macri, intentando explicar los claramente inexplicable,  quedaron sin argumentos sólidos para defender a la ex jerarca (v. http://noticiasargentina.com.ar/diana-conti-nestor-cristina-kirchner-no-tuvieron-nunca-testaferros/ ).

Agua y aceite, imposible de mezclar

A pesar de que ante las cámaras  “Cristina”  volvió a la impostación de fortaleza y una cierta algarabía que pretendía demostrar valentía y hasta un cariz desafiante, lo cierto era que pese a la movilización que la acompaño y que buscaba presionar la decisión del juez, la “combativa mandataria” se remitió a no responder ninguna pregunta y entregar un escrito de descargo, tan simple y breve como eso. Incluso, al leer el escrito presentado (v. https://www.facebook.com/notes/cristina-fernandez-de-kirchner/escrito-presentado-ante-el-juez-bonadio-por-la-causa-d%C3%B3lar-futuro/1320289047998958 ) , más que un descargo contra acusaciones de índole penal, se parece más aun líbelo político o incluso, a un revisionismo histórico matizado convenientemente a su gusto y conveniencia.  Mientras miles de “militontos” –muchos de ellos no tan tontos- se mojaban puertas afuera creyendo que la “Cristina” tenía un encarnizado  duelo de palabras con aquel juez,  lejos estuvo de esa situación.  El show comenzaría a la salida de Comodoro Py y aprovechando el momento para relanzar su figura ante los medios y a su vez, tratar de argumentar una especie de “persecución política”, la ex mandataria cree que con esta gran actuación logrará ocultar el robo de los miles de millones de pesos que han ido a parar a sus bolsillos y la de sus cercanos.

Pero hay malas noticias para la “gran actriz” de la política nacional: Parece que hay mucha más gente que no le cree, que los miles de militontos alquilados ¿Se habrá creído el juez Casanello la actuación  de la imputada?. 

EN DEBATE

“SEGURIDAD CON EDUCACIÓN”

Por qué la situación de inseguridad y corrupción en la Argentina, se llevan de la mano con la impunidad política y la pobre educación ciudadana

Por Javier B. Dal

En la Argentina suele haber un problema continuo y kármico en el manejo de sus políticas institucionales y ese es, el de sectorizar los temas en forma estanca y casi autista.  Si vemos lo que ha venido sucediendo desde hace cuarenta años hasta la fecha, veremos cómo pareciera haber en cada rubro y cada estamento de la vida pública del estado (Nacional, provincial y municipal) una completa desconexión o mejor dicho una falta de complementariedad que pareciera inspirada por el temor a una especie de  contaminación. Y si, en la sociedad argentina si hay algo que sobra entre y dentro de cada uno de sus “ciudadanos” es un temor visceral al compromiso con los temas de la –como decían los romanos-  “res publica” (cosa pública), poniendo en evidencia aquel carácter pusilánime tan visto en su historia política a lo largo de décadas.

Como parte de este costumbrismo, hemos visto como temas tan importantes como es la seguridad y la educación, se tratan de arreglar con mayores presupuestos y nada más. En las últimas décadas a la par de las estafas provenientes del poder y las mafias que se mueven en el espectro político se ha sumado el abuso en las reclamaciones sindicales que llegan a situaciones tan bizarras que parecen sacadas de una de aquellas viejas comedias de Mel Brooks en las que el ingenio mal empleado se conjuga con empleados públicos que más bien, parecen personajes de una sátira. Pero la realidad no es tan amable como estas obras, tal vez disparatada, pero nada amable.

No cabe ninguna duda de que la educación es la base para el desarrollo de una sociedad, pero este “servicio” no puede transformarse en una tribuna de reclamos laborales que no beneficia a los realmente necesitados. Y para muestra basta un botón. Una maestra de Capital tiene un sueldo y un nivel de vida muy superior a la de una maestra de la Puna o de los perdidos impenetrables en el Chaco, pero aquella busca más beneficios para supuestamente mejorar la educación; algo que realmente no es verdad.

En el caso de la seguridad, obviamente no existe el reclamo sindical por lo que y atendiendo al crecimiento endémico del problema de la inseguridad, la situación de los salarios de los efectivos está en directa atención de los respectivos gobiernos. Aunque parezca increíble, el gobierno anterior convirtió esta área y con especial interés proselitista, como una “fuente de empleo público”.

Vimos como el anterior gobierno para solucionar el gran tema de la inseguridad, acudió a meras políticas cuantitativas que solo dan un parche pasajero para una temática que debiera ser con un enfoque global y entendida por expertos. Pero han sido décadas de artificios, improvisaciones y manejos espurios de la seguridad, en la que los supuestos expertos no lo eran y para peor, influenciada por una novedosa y nociva rama de los medios como es la “opinología”. Cada gobierno ha hecho del área cuanto le vino en gana y en rigor de verdad, solo se avoco a implementar medidas que en algunos casos fueron tan efectistas como desastrosas. Como olvidar la destrucción de las escuelas de Policía donde se formaban oficiales y suboficiales; o de las  purgas del Ministro de seguridad  Arslanian implementadas entre 2004 y 2007 que además de inútiles, destituyeron a muchos buenos elementos de la policía bonaerense. O más cerca en el tiempo y con una formulación inversa, durante el gobierno de Daniel Scioli que, bajo una égida ideológica contradictoria y con el objetivo de absorber el gran desempleo existente, terminó sobredimensionando las estructuras policiales hasta convertirlas en un organismo elefantasio casi imposible de controlar.  

No hay que olvidar que esto se parece mucho, a cuando los “brillantes” políticos de turno, trataron de reactivar el servicio militar obligatorio, no para formar parte de una política de defensa remozada sino, para solucionar problemas como el desempleo y el acuciante drama de la falencia educacional y el terrible flagelo de la droga en los jóvenes. De esta manera, los mismos que trinaron a los cuatro vientos para que se terminara este sistema de reclutamiento, ahora clamaban por su regreso para que se ocuparan de contener situaciones sociales y problemas familiares para los que las FFAA no están preparadas. Sin dudas que la postura más coherente sobre éste tema la aportó el entonces intendente de San Miguel Aldo Rico quien sostuvo en varias oportunidades ante los medios, que el sistema de reclutamiento para el ejército debería ser voluntario y de formación profesional, dejando siempre en claro que, quienes revisten en éstas fuerzas como en las policiales no cumplen un trabajo sino que son servidores públicos.

Pero han sido décadas de negocios y nada de políticas coherentes. Desde negociados a expensas del estado hasta la colocación de parientes y amigos en sitiales públicos, la clase política hubo embadurnado todas las áreas de lo público, incluyendo a la de seguridad.

Hoy consecuencia de aquellas políticas, queda una policía con serias deficiencias operativas y a la cual no puede exigírsele investigaciones complejas. Con una genérica tarea de prevención materializada con presencia callejera, la policía de la provincia de Buenos Aires solo aporta un básico rango de seguridad que se limita a los ladrones comunes, trifulcas callejeras o la comisión de un delito en lugares públicos. Para los delitos complejos como el narcotráfico, lavado de activos, las estafas varias que involucran micro-climas de corrupción en sectores públicos y privados, las DDI han demostrado ser más parte del enemigo que otra cosa. Pareciera que existe un prurito en la idea de que se forme una estructura de seguridad “inteligente”, que logre combatir los grandes males que se han enquistado desde al menos las últimas dos décadas con mucha fuerza: Narcotráfico y corrupción política.

Algunos mal pensados sugieren que la creación de una “AIC” (Agencia de Inteligencia Criminal) es una muy mala idea para la clase política –sin distinciones de izquierdas, centros o derechas-  que hoy está en danza, dado que se hallan enfermos del “efectismo instantáneo” que tanto reluce en los medios televisivos, que se diluye inmediatamente, para que no hayan rencillas futuras porque, como dice el dicho “entre bueyes, no hay cornadas”. Si se erigiera una agencia con las características de autonomía funcional, jurisdicción federal y personal calificado, muchos negocios en la Argentina dejarían de funcionar y las sorpresas en cuanto a los involucrados en los altos niveles del narcotráfico, dejarían a las estafas de Lázaro Baez, Cristóbal López y todo el séquito “K” como niños de jardín.

Además, una “AIC” rompería los tejidos de complicidades políticas que se han montado por años de corruptelas y connivencias toleradas, por las abultadas dádivas que aceptan los funcionarios corruptos y que tolera por conveniencia o simple temor una mayoría de empleados a sueldo de baja jerarquía.

  Ante semejante marco de infestación, habría que mirar algunos ejemplos de la historia contemporánea que se han dado en algunos países. El caso de la Rusia pos-URSS de mediados de los noventas, es un ejemplo de hasta donde había llegado la corrupción estatal. Desde funcionarios políticos, pasando por burócratas de los incontables departamentos que habían quedado del Politburo hasta generales y suboficiales del ex “ejército rojo”, se habían convertido en sus propios jefes y tomaban del estado cuanto les convenía. De ese modo, desde los nombramientos a familiares y cobros de sueldos sin justificación, el tráfico de influencias hasta el tráfico y  venta de armamento para las guerras separatistas que se habían desatado en el Cáucaso, el gobierno del “etílico” Borís Yeltsin no pudo combatir la situación y terminó saliendo del poder dejando una herencia muy dura para su sucesor.

Cuando asumió Putin en 1999, implemento las primeras medidas contra la corrupción estatal creando unidades especiales que más tarde, durante su segundo periodo, refinaría y modernizaría. La tarea no fue para nada fácil. Un estado anquilosado y que se había repartido entre algunos oligarcas que tenían cooperación desde Wall Street, hizo que la lucha contra todas estas ramificaciones llegaran a verdaderas pulseadas entre el poder del estado liderado por el ex jefe de la FSB y los multimillonarios que prácticamente compraban a los funcionarios como se compra pan en un almacén.

Mediante una implementación de una legislación puntual, control parlamentario y órganos de ejecución como los “Grupos Alfa”, el estado ruso ha logrado limitar el accionar impúdico de grupos concentrados y mafiosos que tratan de hacer pie en la Federación.   

Pareciera necesario estar continuamente recordando que la delincuencia no se agota a los ladrones violentos, los predadores sexuales o aquellos que nacen y para su prosecución, de la acción privada del ofendido y por los cuales, debe impulsar su causa sin la intervención del Ministerio público. Hay una amplio espectro de los delitos que se han venido cometiendo en el país, pertenecen a los que entre los ciudadanos de a pie se llaman “de guante blanco”, en los cuales, altos funcionarios públicos han venido esquilmando los presupuestos de hacienda por el único mérito del puesto que ocupaban. ¿Acaso alguien desde el ministerio de seguridad y justicia les investigo en su debido momento? La respuesta no es necesaria exponerla dado que la mayoría de los argentinos la conoce muy bien. Se ha tolerado como algo de “piolas” y de “vivos”, que alguien que entra en la política se enriquece en forma desvergonzada y obscena, a costa del dinero de todos.

Y este costumbrismo criminal que  claramente se enmarca en la tan invocada  y nombrada “impunidad”, por razón de su consuetudo a nivel social  y la ausencia de controles llevó a que dichas prácticas se instalaran en los más bajos escalafones de la función pública nacional, provincial y municipal, llevando a que se hallen pequeñas mafias que a la sombra de la estructura gubernamental, han estafado y robado miles de millones de pesos. Ahora bien ¿Cómo pudo progresar semejante metástasis de corrupción en tales áreas del estado? 

Nuevamente la respuesta radicara en un claro dejar pasar y hacer por parte de los organismos de control que, cooptados por funcionarios y empleados infieles, permitieron esto. Incluso en muchos casos, los fiscales que deben investigar este tipo de delitos lejos de realizar los esfuerzos tendientes a esclarecer los hechos en beneficio del interés de la sociedad (art. 120 CN), terminaron ejerciendo una defensa escandalosa de los influyentes imputados. Cuando se hicieron los señalamientos y en pocos casos las denuncias sobre estas prácticas viciosas, ningún juez de los que hoy parecen haber bajado de la luna y menos aún el Consejo de la Magistratura hizo nada por avanzar en estos hechos.

En este sentido se puede concluir que el instituto del Ministerio Público, creado para funcionar en el ámbito en la justicia, para perseguir el delito en beneficio del interés general, con la garantía de independencia funcional  y por fuera del poder judicial, es algo que en la realidad no sea cumplido. Sin dudas, la ausencia de un verdadero control y de un área especializada en atender los delitos especiales que se cometen dentro de un ámbito administrativo –clara y continuadamente influenciado por la política- como es el poder judicial, propició escandalosamente que esas situaciones avanzaran sin el mínimo escrúpulo dado que, no hay forma de establecer con fehaciencia –que no significa que no pueda ser probado-, la colusión de intereses para, por ejemplo, cerrar una causa que molesta a alguien adinerado o con vínculos con el poder.

En la Argentina los casos de éste tipo son tantos, que si se hiciera una investigación seria, los legajos de este tipo de causas “planchadas” se graficarían en una montaña de papeles que casi siempre han sido archivadas por la inoperancia de los fiscales y otras veces, por la ilegal operancia a favor de éste funcionario a favor influyentes denunciados. Con los últimos acontecimientos judiciales, ¿ será posible el comienzo de un cambio profundo de la justicia?