“EL MEMORANDO”

¿Por qué se cayó la causa judicial que intentaba incriminar a la vicepresidente y otros funcionarios argentinos en un supuesto encubrimiento de los atentados en Buenos Aires?

Por Charles H. Slim

Solo en un país sin estado o con uno muy débil, sus actos administrativos y de gobierno pueden ser discutidos por entidades políticas al servicio de terceros estados. En Argentina esto es una realidad desde hace ya tiempo y no hay medida de gobierno que a los ojos de ciertos actores, no les convenga, logren torcerla hasta incluso paralizarla.

El caso del memorándum con la república Islámica de Irán es emblemático en ello. Se sabe que desde 1983 hasta el presente el poder del estado argentino como tal se ha ido deteriorando a niveles inconcebibles y ello ha ido beneficiando a otros actores para estatales y de otros estados para bregar por sus propios intereses, enmascarados detrás de tragedias como los atentados de 1992 y 1994 adunándole convenientemente otros hechos posteriores como fue la muerte del fiscal federal Nisman quien, aprovechando su funcionalidad dentro del Ministerio público y siguiendo las sugerencias de terceros interesados, planteo aquella iniciativa como “un plan de encubrimiento e impunidad”.

Desde que se produjeron esos ataques, jamás se ha logrado acreditar las acusaciones que las entidades políticas judías locales (extensión de la embajada de Israel en Buenos Aires) vienen lanzando desde diversos medios y en boca de insignes militantes pro-israelíes. Su inconsecuencia discursiva ha quedado muy bien demostrada con el paso de los años cuando desde aquel primer episodio contra la embajada de Israel en 1992 estos mismos sectores y desde ciertos medios se desgañitaron acusando a supuestos nazis locales, a la OLP y a la “Jihad Islámica” estas últimas de origen árabe-palestino. Convenía en esos momentos acusar a los palestinos -en medio de tensiones entre Rabin y los ultraderechistas israelíes- hasta que repentinamente y en vistas de que sus acusaciones no tenían factibilidad, cambiaron el guion y apuntaron sus dedos hacia otro chivo expiatorio.

Lo mismo ocurriría con el ataque a la AMIA en julio de 1994 y en donde nuevamente, mediante el planteo de otra supuesta camioneta bomba -nunca identificada y de la cual no se halló una sola pieza- se volvieron a lanzar los dardos sobre los palestinos hasta que (tras la intervención de la CIA y el Mossad) el relato fue modificado agregando un nuevo elemento, la pista sirio-libanesa y a partir de ella, surgió (de aquella elaboración hipotética) un conductor de origen libanés supuestamente comisionado por el “Hesbollah” libanés quien a su vez recibió la orden de Teherán.  

La Argentina como país, ya era una entelequia débil y condicionada por su acostumbrada crisis económico-financiera y su administración de justicia no iba a escapar de esta circunstancialidad que limitaba sus capacidades para encarar la complejidad de una situación como la que se presentaba y de otras que se presentarían más tarde (como la voladura de la localidad de Río Tercero, Córdoba).

Ello no significaba que careciera de recursos humanos para obtener resultados en las pesquisas pero, siempre condicionados por la acostumbrada ( e inconstitucional) mano política, factor omnipresente para acomodar las situaciones a conveniencia del partido gobernante. Esto dejaba expuesto un estado débil y permeable a cualquier influencia tanto interna como externa. A partir de allí veríamos como desde la DAIA y organizaciones sionistas locales e internacionales, bajo la cancina alegación de antisemitismo para rechazar líneas investigativas que no agradaban a sus posiciones, presionaron a los gobiernos argentinos para que se siguieran las pistas que geopolíticamente convenía a Israel. Cualquier otra prueba que inclusive demostrara lo contrario -como lo hicieron sobre las formas de explosión o pesquisar las declaraciones del embajador israelí Itzhak Aviran- , simplemente se ralearía en los expedientes y se ridiculizaría ante los medios.

La firma del memorándum del gobierno de Cristina Fernández con la república Islámica de Irán y la conformación de una Comisión de la Verdad que buscaba la colaboración para que Teherán tuviera la oportunidad de exponer su posición en estas acusaciones, fue una patada en la ingle para Tel Aviv y algo intolerable para los recalcitrantes sionistas locales quienes del vamos (más allá de que hacen centro de sus acusaciones en los iraníes) son islamófobos que detestan todo lo que se relacione con el Islam.

Se trato de un típico acto público de gobierno que un presidente comunica a otro gobierno iniciativas o temas a tratar en conjunto.

A la cabeza de voltear esta iniciativa se puso al entonces fiscal Alberto Nisman quien pese a sus ínfulas y el marketing mediático que lo secundaba, estaba jugando a dos puntas estando más al servicio de los intereses políticos del estado de Israel y del Departamento de Estado norteamericano que la búsqueda de la verdad material de aquellos atentados. Las revelaciones sobre sus cuentas bancarias (con las cuales mantenía su costoso estilo de vida) y estrechas relaciones con los servicios de inteligencia interesados en involucrar a Irán y a Hesbollah, dejaron acabadamente demostrada su falta de neutralidad funcional y tendenciosidad inaceptable para investigar.

Tratar de sostener una denuncia en base a indicios salidos de informes de agencias de inteligencia, podrá haber sido impactante para los aficionados argentinos e incluso intimidante pero, a la postre se demostró que en la mayor parte de las veces estos informes son falsos y solo buscan sustentar objetivos de los gobiernos a los que sirven. Las inconsecuencias de la CIA en el 11/S y los informes armados para justificar las invasiones a Afganistán en 2001 e Iraq en 2003 así lo han confirmado.

Incluso más, la denuncia de 288 páginas con la cual pretendía nexar un supuesto complot mediante la firma de este memorándum más allá de la potencialidad de sus acusaciones (sin contar las inconsecuencias como fue la farsa de Hadi Soleimpanpour ante la justicia británica) no tiene la sustancialidad probatoria suficiente como para acreditar su hipotesis y fue por ello -pese a las presiones- que estaba destinada a caerse. Su muerte sigue siendo materia de discusión y controversias incluso dentro de la misma comunidad judía local que se halla tironeada entre la lealtad al estado de Israel o la verdad sea cual sea.

El intento de fabricar un caso con doble efecto (uno interno contra CFK y otro externo contra la república Islámica de Irán) fue incluso discutido y rechazado por partidarios pro-Israel como el fallecido politologo Carlos Escude y muchos miembros de esta comunidad desatando contra todos ellos los acostumbrados insultos y desvalorizaciones personales atinentes a sindicarlos como “malos judíos”, “antisemitas” o simplemente “traidores”.

Igualmente estos no se amilanaron y plantearon hasta el último momento las inconsecuencias en el líbelo de Nisman que para algunos fue un “guión miserable y criminal” alejado del objetivo de buscar la tan errática justicia en un país tan corrupto. El desenlace de la causa judicial montada desde los sectores sionistas (entre los que se hallan el PRO y parte de la oposición), calificada por algunos como una verdadera “megapatraña”, con estas finalidades espurias no podía ser otro y fue por ello que tras el sobreseimiento de los sindicados encabezados por Cristina Elisabet Fernández, como algunos han dicho “se ha hecho un poco de justicia” en una Argentina institucionalmente desarticulada.