“EL LIMBO DE LA INJUSTICIA”
¿Puede ser considerada
democrática una nación que ha violado y viola sistemáticamente los derechos humanos
más elementales bajo argumentos probadamente falsos e inexistentes? ¿Por qué no
pueden ser procesados con todas las garantías estos casos?
Por Charles H. Slim
Los eventos del 11 de Septiembre de 2001 además de
los daños y el sufrimiento causados, le dieron a la administración federal
estadounidense un cúmulo de poderes que hundió el sistema constitucional basado
en los derechos y garantías individuales, en favor y nombre de una “seguridad
nacional” amenazada por una supuesta conjura terrorista islamista. El impacto
sorpresivo de aquellos hechos, supo ser bien aprovechada por George W. Bush y
sus secuaces quienes, asistidos –entre
otros- por la Corporación de medios que se alinearon por la derecha con el
relato oficial, lograron en ese momento manipular la rabia y la impotencia de
una población atemorizada que buscaba venganza.
El paso del tiempo y lo visto hasta hoy, demuestran esta
criminal inconsecuencia y la desvergonzada maquinación que se indujo y aún
pretenden justificar bajo el rotulo artificioso de “Lucha contra el terrorismo”
que en realidad escondía –y hoy se ve
harto revelada- una campaña geoestratégica planificada por un grupúsculo de
neoconservadores y sionistas cinco años antes y la cual, además de los fines
políticos, generaría una catarata de multimillonarios negocios privados en
sociedad con el estado federal. Parte de esa muy bien planificada empresa[1],
preveía como parte de su operatividad, colocar un chivo expiatorio y el montaje de una infraestructura
de supresión y silenciamiento de una parte especifica de la población global con
un objetivo claro: “Silenciar a la disidencia”.
En este último sentido, la creación otras agencias
federales con el consiguiente incremento astronómico del presupuesto federal para
seguridad y defensa, obligo a la “comunidad de inteligencia producir
información acorde al nuevo enemigo”: El Islam.
Para Washington la “Seguridad nacional” esta por
encima del respeto a los derechos humanos y prueba de ello son las incontables
arbitrariedades constatadas en crímenes
de guerra y lesa humanidad cometidos en parte, por sus agencias de inteligencia
y los cuales aún siguen impunes. Cuando estos hechos quedaron expuestos al
conocimiento de la opinión los abogados de la CIA (principal implicada en
muchos de aquellos hechos), trazaron estrategias legales para no quedar
implicados en los aberrantes hechos que ejecutaron o encargaron ejecutar.
Las principales tretas fueron, permitir a la prensa
difundir algunas historias de Guantánamo y realizar algunas entrevistas en
Abu-Graib obviamente controlado.
En su tarea de agencia de inteligencia, la CIA debe
supuestamente obtener información que sea útil y conducente a la seguridad de
su país pero nada se ha dicho que se avoquen a “crearla y/o producirla” en base
a mentiras y falsedades las cuales obtienen con métodos cruentos y deleznables
como los usados por los nazis y la vieja KGB de Stalin en la Unión Soviética o
las extensamente utilizadas por sus
aliados israelíes contra los palestinos. Eso obviamente es la teoría.
 |
| traslado de prisionero de Guantánamo |
El cumulo de arbitrariedades se estaba incrementando
y las filtraciones conspiraban contra el secretismo de Washington. Las
realidades de los campos de concentración de Guantánamo en Cuba, Abu-Graib en
Iraq y Bagram en Afganistán solo eran la punta de un iceberg negro de la
infraestructura de terror que habían desplegado los militares y las agencias
federales estadounidenses y de sus colaboradores extranjeros. Los secuestros y
las detenciones sin orden judicial ni indicio alguno[2],
fue una de las tácticas que EEUU comenzó a implementar usando como modelo de
procedimiento a las “detenciones administrativas” que ya aplicaban y siguen
aplicando sus aliados israelíes contra la población palestina. La ventilación de pruebas gráficas de las
torturas, los abusos, violaciones y humillaciones a los prisioneros fue
demasiado para la elite en Washington que necesitaba limpiar la imagen del país
ante un mundo que observaba horrorizado.
Los documentos de Abu-Graib no solo demostraron que
EEUU violaba en secreto todas las convenciones del derecho internacional
humanitario sino que también, lo hacía sistemática y planificadamente en todas
partes. Y no solo eso, sino que también para tratar de cubrir su participación (y
la de aliados como Israel) subcontrataba a sujetos y empresas privadas para que
llevaran adelante estos hechos aberrantes. Era demasiado brutal e
injustificable para que alguien sintiera simpatía hacia lo que estaba haciendo
EEUU.
A partir de allí se fabricó toda una charada mediatica
que aparentaría respetar los derechos de los “detenidos” acusados –sin pruebas certeras- o sospechados de
terrorismo, estando entre estos últimos todo aquel musulmán que criticara las
atrocidades que se estaban cometiendo en Afganistán e Iraq. Para ello, Bush
logro hacerse de una legislación invasiva y contraria a los principios
constitucionales que tras ser implementada por el FBI[3], más tarde exportaría a cada uno de los países
que invadiría (USA Patriotic Act).
Los representantes demócratas más honestos del
Congreso no daban crédito a las arbitrariedades que se estaban cometiendo y de
las cuales tomaron conocimiento tras haberse filtrado por canales
extraoficiales como el internet y de los testimonios de muchos veteranos que
regresaban de Iraq y Afganistán.
A la par de esto y con intenciones contrarias a la
transparencia de los actos gubernamentales, los neoconservadores y sus aliados
sionistas buscaron todas las vías mediáticas y legislativas posibles para
encubrir estos hechos. Parte de este encubrimiento se lleva a cabo dentro de la
misma infraestructura gubernamental, especialmente de sus agencias federales de
inteligencia quienes siguen demostrando renuencias en publicar los informes
sobre estos hechos. Incluso más. Cuando se ha solicitado conocer los
antecedentes de algunos funcionarios implicados en actos inhumanos y criminales
como los referidos, las demoras y el silencio prevalecen.
Según se ha comprobado por fiscales federales, pese
a lo requerimientos de desarchivo cursados a la CIA por parte de abogados
independientes y sociedades civiles, en la mayoría de los casos son desoídos
quedando los criterios y demás elementos que conforman esos informes cerrada al
conocimiento público en general (Como fue el caso la designación de Gina Haspel
como Jefe de la CIA). Incluso los jueces militares que abordan el caso del sospechado
del ataque al “USS-Cole” en 2000, han corroborado que la CIA les ha proveido
informes falsificados que obstruyen las investigaciones[4].
Cuando acceden a publicar alguna pieza informativa
que tiene fines judiciales, se ha observado que sus contenidos están adulterados,
mutilados o no responden a los requerimientos de transparencia haciendo que
poco o nada valga dicha información.
Ello llevo a que se produjeran grandes choques internos
entre los sectores que buscaban mantener vigente los principios de la
constitución y quienes apoyaban esta verdadera cacería confesional instigada desde
ciertos sectores influyentes del Congreso, los medios y las finanzas. Y para
cerrar este escenario de terror estatal, los detenidos en el mejor de los
casos, luego de recorrer un circuito siniestro de prisiones secretas de la CIA quedaban
a disposición de tribunales militares ¿Eso es democracia?
Para tratar de escapar a las recriminaciones y el
repudio internacional, Washington comenzó desde finales de 2006 a teatralizar
un aparente respeto al derecho de defensa permitiéndoles a los detenidos ser
asistidos por abogados. De esta manera, los detenidos tendrían el derecho a la defensa
y sus abogados podrían investigar y recopilar material a los fines de verificar
si existían elementos verídicos que sustentaran la prisión de sus clientes. Fue
allí cuando encontraron reparos y presiones para lograr conocer los informes de
inteligencia que involucraban supuestas actividades terroristas de aquellos.
Pero la reticente conducta de la CIA a proporcionar
los informes que se le requería y aún se les requiere suele escudarse bajo el
argumento de verse comprometida la “seguridad nacional”, justificando con ello
las negativas o las mutilaciones de documentos que terminan siendo meros
papeles manchados con tinta negra.
Si los argumentos para detener a una persona
constaban en informes de la CIA, la misma agencia que había mentido descaradamente
–entre otras- en sus informes sobre las
armas de destrucción que supuestamente tenía Iraq ¿Qué garantías había de que
no fabricarían los argumentos convenientes para justificar la detención de un simple
sujeto? De no haber existido el activismo civil para la transparencia de los
actos de gobierno que impulsan sujetos independientes y entes como la Freedom Of Information Act (FOIA) la
suerte de todo lo ocurrido desde 2001 y la de estos desgraciados sometidos a la detención clandestina en la red
global de cárceles de la CIA nunca
habría salido a la luz y Washington habría logrado consolidar su relato
victimzante y legitimizante en pro de justificar las aberraciones, que pese a
la condena mundial, continua ejecutando en sitios como Siria, Yemen y Afganistán.
[1]
Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC en sus siglas en inglés)
[2]
Caso del supuesto atacante de USS-Cole Abdel Al Rahim Al Nashiri.
[3] Formas
y comunicados del FBI sobre intervenciones y espionaje a ciudadanos https://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/foia/field_rpt5.pdf
