POLITICA DE LA INSEGURIDAD

¿Por qué la tan mediatizada inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un reflejo especular de lo que sucede en Argentina?

 

Por Charles H. Slim

Uno de los problemas endémicos en la provincia de Buenos Aires es la seguridad. No es algo novedoso que haya delincuencia en una ciudad o distrito populoso, la novedad si se quiere es que la misma sea usada como una herramienta para mover el termómetro político. La importancia del tema pasa por la entidad política que tiene esta jurisdicción y por ser la que alberga a la ciudad Autónoma de Buenos Aires como capital de la nación.

La vinculación entre inseguridad y situación política es intrínseca aún cuando los políticos y los medios alquilados del poder digan lo contrario. Estos estratos del bajo mundo sirven también para distraer la atención en momentos que altos funcionarios se hallan en la mira de actos de corrupción. Aquí las cloacas del sistema no son tan sofisticadas como las que tiene el establecimiento estadounidense o británico, quienes crean falsos atentados o inician guerras para tapar sus negociados.

Toda la provincia de Buenos Aires es un semillero de delincuencia que se entrelaza y mezcla con sectores políticos quienes a su vez se retroalimentan y sacan beneficios de sectores marginales que otros no logran. Y obviamente no hablamos de los simples ladrones que realizan arrebatos o esos que matan por un par de zapatillas. Hay un entramado de bandas que regentean varios negocios sucios y en los cuales se mezcla la protección policial, la política y la judicial.

Aquí la palabra clave es narcotráfico. Más allá de ser un delito complejo y uno de los motores de la delincuencia violenta, se trata de un fabuloso negocio que hace tiempo trasvasa las instituciones, especialmente las políticas y un poderoso factor de corrupción. Tomando en cuenta esto, podemos entender el “por qué” de lo aparentemente incontrolable de la situación y la inocuidad judicial.

Tan influyente es este negocio que corrompe fiscales y jueces federales y si eso pasa, de ahí para abajo es imposible resolver el asunto.

La ramificación o metástasis que tiene este negocio permite que haya tantas puertas como consumidores. A esto se une la prostitución que ya no es la clásica de cabarets y pisos regenteados que se pudo ver hasta comienzos de los noventas. Hoy el negocio es más disperso y eso ha posibilitado que haya más bandas que mediante esta práctica, además de mover la droga a consumidores de alto nivel, ganan conexiones en el ámbito político permitiéndoles la impunidad que reina hoy día.

Solo para hablar de la provincia de Buenos Aires, según algunas fuentes reservadas si anteriormente los controles aduaneros eran defectuosos tras la llegada de los Milei se puede decir que ya no hay control alguno y eso lo están aprovechando ciertas manos externas que curiosamente cooperan con el ministerio de seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

Argentina es por antonomasia un país desprotegido. La clase política que desde hace 40 años ocupa el sistema político ha hecho mucho para generar esta desprotección. La politización e incluso la partidización que han hecho de la seguridad ha contaminado una política criminal, imperiosamente necesaria para garantizar la paz social en un estado.

Los principales artífices de esta aberración han sido los gobiernos “peronistas” especialmente sus variantes de izquierda como es el Kirchnerismo, que durante casi veinte años (y aplicando una lógica revanchista setentista) impusieron una doctrina judicial garantista que todos los jueces acataron sin críticas ni observaciones. Esto último es una señal más que identifica la idiosincrasia acomodaticia de la institucionalidad argenta que impide la solución de los problemas.

Hoy y con el gobierno de los Milei, imbuidos en una ideología foránea (sionismo) notablemente contraria a ese falso garantismo pero absolutamente extraña al ideario argentino, está desmontando todo aquel andamiaje jurídico-político altamente ideologizado que protegía a los delincuentes y a sus familias dejando a las victimas bajo una completa indefensión.

Aunque ello parezca positivo, hay en la nueva política de seguridad de este gobierno, un componente altamente peligroso y nocivo para la institucionalidad y que si no se lo controla con alternativas propias y un compromiso político local, terminara repercutiendo sobre los propios ciudadanos.  

Este elemento es específicamente doctrinario de la seguridad. Sabemos que los Milei tienen un compromiso con Tel Aviv y sus conexiones en Argentina (OSA) que les han abierto las puertas para llegar a donde están, pero eso no es gratis. El actual ministerio de seguridad de la nación bajo Patricia Bullrich es el nexo para que la doctrina israelí termine por insertarse en el país. Los intereses israelíes detrás de las áreas de seguridad y defensa son tan ambiciosos como peligrosos y no tienen otro interés que colocar sus productos en el mercado argentino.

Obviamente que existe un componente geopolítico, pero que (como se puede intuir) no tiene como participe al estado argentino en sus planes.

Todo lo que haga al montaje de los aparatos de seguridad, doctrina, adiestramiento y equipamiento están destinados a establecer un control regional -incluyendo el tráfico de drogas- en favor de Tel Aviv, nada más. Con ello hay un peligro subyacente y es, la participación de funcionarios israelíes de la Shin Bet (policía secreta) y otros elementos oscuros con experticias sucias e inhumanas como son la aplicación de técnicas de tortura y en su mayoría, con sangre de inocentes en sus manos.

Ciertamente, la inutilidad y la corrupción policial que vemos en la provincia de Buenos Aires, resabio de las políticas kirchneristas son inaceptables pero, hay manos negras que están ayudando a potenciar esta inseguridad ciudadana.

Es muy posible que algunos de estos elementos estén coordinando estos sangrientos episodios para desbancar al gobierno provincial. Igualmente, si el gobernador Kicillof no tiene los instrumentos para protegerse de estos enjuagues ¿Quién protegerá a los bonaerenses?