EN DEBATE

“SEGURIDAD CON EDUCACIÓN”

Por qué la situación de inseguridad y corrupción en la Argentina, se llevan de la mano con la impunidad política y la pobre educación ciudadana

Por Javier B. Dal

En la Argentina suele haber un problema continuo y kármico en el manejo de sus políticas institucionales y ese es, el de sectorizar los temas en forma estanca y casi autista.  Si vemos lo que ha venido sucediendo desde hace cuarenta años hasta la fecha, veremos cómo pareciera haber en cada rubro y cada estamento de la vida pública del estado (Nacional, provincial y municipal) una completa desconexión o mejor dicho una falta de complementariedad que pareciera inspirada por el temor a una especie de  contaminación. Y si, en la sociedad argentina si hay algo que sobra entre y dentro de cada uno de sus “ciudadanos” es un temor visceral al compromiso con los temas de la –como decían los romanos-  “res publica” (cosa pública), poniendo en evidencia aquel carácter pusilánime tan visto en su historia política a lo largo de décadas.

Como parte de este costumbrismo, hemos visto como temas tan importantes como es la seguridad y la educación, se tratan de arreglar con mayores presupuestos y nada más. En las últimas décadas a la par de las estafas provenientes del poder y las mafias que se mueven en el espectro político se ha sumado el abuso en las reclamaciones sindicales que llegan a situaciones tan bizarras que parecen sacadas de una de aquellas viejas comedias de Mel Brooks en las que el ingenio mal empleado se conjuga con empleados públicos que más bien, parecen personajes de una sátira. Pero la realidad no es tan amable como estas obras, tal vez disparatada, pero nada amable.

No cabe ninguna duda de que la educación es la base para el desarrollo de una sociedad, pero este “servicio” no puede transformarse en una tribuna de reclamos laborales que no beneficia a los realmente necesitados. Y para muestra basta un botón. Una maestra de Capital tiene un sueldo y un nivel de vida muy superior a la de una maestra de la Puna o de los perdidos impenetrables en el Chaco, pero aquella busca más beneficios para supuestamente mejorar la educación; algo que realmente no es verdad.

En el caso de la seguridad, obviamente no existe el reclamo sindical por lo que y atendiendo al crecimiento endémico del problema de la inseguridad, la situación de los salarios de los efectivos está en directa atención de los respectivos gobiernos. Aunque parezca increíble, el gobierno anterior convirtió esta área y con especial interés proselitista, como una “fuente de empleo público”.

Vimos como el anterior gobierno para solucionar el gran tema de la inseguridad, acudió a meras políticas cuantitativas que solo dan un parche pasajero para una temática que debiera ser con un enfoque global y entendida por expertos. Pero han sido décadas de artificios, improvisaciones y manejos espurios de la seguridad, en la que los supuestos expertos no lo eran y para peor, influenciada por una novedosa y nociva rama de los medios como es la “opinología”. Cada gobierno ha hecho del área cuanto le vino en gana y en rigor de verdad, solo se avoco a implementar medidas que en algunos casos fueron tan efectistas como desastrosas. Como olvidar la destrucción de las escuelas de Policía donde se formaban oficiales y suboficiales; o de las  purgas del Ministro de seguridad  Arslanian implementadas entre 2004 y 2007 que además de inútiles, destituyeron a muchos buenos elementos de la policía bonaerense. O más cerca en el tiempo y con una formulación inversa, durante el gobierno de Daniel Scioli que, bajo una égida ideológica contradictoria y con el objetivo de absorber el gran desempleo existente, terminó sobredimensionando las estructuras policiales hasta convertirlas en un organismo elefantasio casi imposible de controlar.  

No hay que olvidar que esto se parece mucho, a cuando los “brillantes” políticos de turno, trataron de reactivar el servicio militar obligatorio, no para formar parte de una política de defensa remozada sino, para solucionar problemas como el desempleo y el acuciante drama de la falencia educacional y el terrible flagelo de la droga en los jóvenes. De esta manera, los mismos que trinaron a los cuatro vientos para que se terminara este sistema de reclutamiento, ahora clamaban por su regreso para que se ocuparan de contener situaciones sociales y problemas familiares para los que las FFAA no están preparadas. Sin dudas que la postura más coherente sobre éste tema la aportó el entonces intendente de San Miguel Aldo Rico quien sostuvo en varias oportunidades ante los medios, que el sistema de reclutamiento para el ejército debería ser voluntario y de formación profesional, dejando siempre en claro que, quienes revisten en éstas fuerzas como en las policiales no cumplen un trabajo sino que son servidores públicos.

Pero han sido décadas de negocios y nada de políticas coherentes. Desde negociados a expensas del estado hasta la colocación de parientes y amigos en sitiales públicos, la clase política hubo embadurnado todas las áreas de lo público, incluyendo a la de seguridad.

Hoy consecuencia de aquellas políticas, queda una policía con serias deficiencias operativas y a la cual no puede exigírsele investigaciones complejas. Con una genérica tarea de prevención materializada con presencia callejera, la policía de la provincia de Buenos Aires solo aporta un básico rango de seguridad que se limita a los ladrones comunes, trifulcas callejeras o la comisión de un delito en lugares públicos. Para los delitos complejos como el narcotráfico, lavado de activos, las estafas varias que involucran micro-climas de corrupción en sectores públicos y privados, las DDI han demostrado ser más parte del enemigo que otra cosa. Pareciera que existe un prurito en la idea de que se forme una estructura de seguridad “inteligente”, que logre combatir los grandes males que se han enquistado desde al menos las últimas dos décadas con mucha fuerza: Narcotráfico y corrupción política.

Algunos mal pensados sugieren que la creación de una “AIC” (Agencia de Inteligencia Criminal) es una muy mala idea para la clase política –sin distinciones de izquierdas, centros o derechas-  que hoy está en danza, dado que se hallan enfermos del “efectismo instantáneo” que tanto reluce en los medios televisivos, que se diluye inmediatamente, para que no hayan rencillas futuras porque, como dice el dicho “entre bueyes, no hay cornadas”. Si se erigiera una agencia con las características de autonomía funcional, jurisdicción federal y personal calificado, muchos negocios en la Argentina dejarían de funcionar y las sorpresas en cuanto a los involucrados en los altos niveles del narcotráfico, dejarían a las estafas de Lázaro Baez, Cristóbal López y todo el séquito “K” como niños de jardín.

Además, una “AIC” rompería los tejidos de complicidades políticas que se han montado por años de corruptelas y connivencias toleradas, por las abultadas dádivas que aceptan los funcionarios corruptos y que tolera por conveniencia o simple temor una mayoría de empleados a sueldo de baja jerarquía.

  Ante semejante marco de infestación, habría que mirar algunos ejemplos de la historia contemporánea que se han dado en algunos países. El caso de la Rusia pos-URSS de mediados de los noventas, es un ejemplo de hasta donde había llegado la corrupción estatal. Desde funcionarios políticos, pasando por burócratas de los incontables departamentos que habían quedado del Politburo hasta generales y suboficiales del ex “ejército rojo”, se habían convertido en sus propios jefes y tomaban del estado cuanto les convenía. De ese modo, desde los nombramientos a familiares y cobros de sueldos sin justificación, el tráfico de influencias hasta el tráfico y  venta de armamento para las guerras separatistas que se habían desatado en el Cáucaso, el gobierno del “etílico” Borís Yeltsin no pudo combatir la situación y terminó saliendo del poder dejando una herencia muy dura para su sucesor.

Cuando asumió Putin en 1999, implemento las primeras medidas contra la corrupción estatal creando unidades especiales que más tarde, durante su segundo periodo, refinaría y modernizaría. La tarea no fue para nada fácil. Un estado anquilosado y que se había repartido entre algunos oligarcas que tenían cooperación desde Wall Street, hizo que la lucha contra todas estas ramificaciones llegaran a verdaderas pulseadas entre el poder del estado liderado por el ex jefe de la FSB y los multimillonarios que prácticamente compraban a los funcionarios como se compra pan en un almacén.

Mediante una implementación de una legislación puntual, control parlamentario y órganos de ejecución como los “Grupos Alfa”, el estado ruso ha logrado limitar el accionar impúdico de grupos concentrados y mafiosos que tratan de hacer pie en la Federación.   

Pareciera necesario estar continuamente recordando que la delincuencia no se agota a los ladrones violentos, los predadores sexuales o aquellos que nacen y para su prosecución, de la acción privada del ofendido y por los cuales, debe impulsar su causa sin la intervención del Ministerio público. Hay una amplio espectro de los delitos que se han venido cometiendo en el país, pertenecen a los que entre los ciudadanos de a pie se llaman “de guante blanco”, en los cuales, altos funcionarios públicos han venido esquilmando los presupuestos de hacienda por el único mérito del puesto que ocupaban. ¿Acaso alguien desde el ministerio de seguridad y justicia les investigo en su debido momento? La respuesta no es necesaria exponerla dado que la mayoría de los argentinos la conoce muy bien. Se ha tolerado como algo de “piolas” y de “vivos”, que alguien que entra en la política se enriquece en forma desvergonzada y obscena, a costa del dinero de todos.

Y este costumbrismo criminal que  claramente se enmarca en la tan invocada  y nombrada “impunidad”, por razón de su consuetudo a nivel social  y la ausencia de controles llevó a que dichas prácticas se instalaran en los más bajos escalafones de la función pública nacional, provincial y municipal, llevando a que se hallen pequeñas mafias que a la sombra de la estructura gubernamental, han estafado y robado miles de millones de pesos. Ahora bien ¿Cómo pudo progresar semejante metástasis de corrupción en tales áreas del estado? 

Nuevamente la respuesta radicara en un claro dejar pasar y hacer por parte de los organismos de control que, cooptados por funcionarios y empleados infieles, permitieron esto. Incluso en muchos casos, los fiscales que deben investigar este tipo de delitos lejos de realizar los esfuerzos tendientes a esclarecer los hechos en beneficio del interés de la sociedad (art. 120 CN), terminaron ejerciendo una defensa escandalosa de los influyentes imputados. Cuando se hicieron los señalamientos y en pocos casos las denuncias sobre estas prácticas viciosas, ningún juez de los que hoy parecen haber bajado de la luna y menos aún el Consejo de la Magistratura hizo nada por avanzar en estos hechos.

En este sentido se puede concluir que el instituto del Ministerio Público, creado para funcionar en el ámbito en la justicia, para perseguir el delito en beneficio del interés general, con la garantía de independencia funcional  y por fuera del poder judicial, es algo que en la realidad no sea cumplido. Sin dudas, la ausencia de un verdadero control y de un área especializada en atender los delitos especiales que se cometen dentro de un ámbito administrativo –clara y continuadamente influenciado por la política- como es el poder judicial, propició escandalosamente que esas situaciones avanzaran sin el mínimo escrúpulo dado que, no hay forma de establecer con fehaciencia –que no significa que no pueda ser probado-, la colusión de intereses para, por ejemplo, cerrar una causa que molesta a alguien adinerado o con vínculos con el poder.

En la Argentina los casos de éste tipo son tantos, que si se hiciera una investigación seria, los legajos de este tipo de causas “planchadas” se graficarían en una montaña de papeles que casi siempre han sido archivadas por la inoperancia de los fiscales y otras veces, por la ilegal operancia a favor de éste funcionario a favor influyentes denunciados. Con los últimos acontecimientos judiciales, ¿ será posible el comienzo de un cambio profundo de la justicia?