VETERANOS DE AYER

“AQUELLA GUERRA”

En un nuevo aniversario de la guerra contra Iraq en 1991, reedita el estado de desgano de los partícipes argentinos en la Operación Tormenta del Desierto ¿Qué harán al respecto?

Por Pepe Beru

Ya se cumplen 28 años del estallido de la guerra contra Iraq ocurrida en enero de 1991 y aún pareciera que no ha pasado el tiempo para muchos de sus veteranos. Aunque la mayor parte de los países que apoyaron aquella aventura bélica impulsada por la Casa Blanca han dado reconocimiento a sus efectivos, hay otros casos que no rindieron los mismos honores. Este es el caso de los argentinos quienes tras haber sido parte de las operaciones militares de la Coalición Aliada liderada por los EEUU, aún no han sido reconocidos como veteranos de dichas operaciones.

Se trata de un mal precedente dentro del derecho nacional ya que refleja la parcialidad con que se ha interpretado el reconocimiento de los derechos y garantías de un sector de la población argentina.  Sin dudas lo es para el plexo de derechos que siempre tuvieron y siguen teniendo latentes cada uno de los miembros que participaron en el fragor de las operaciones bélicas que dieron inicio en las primeras horas del 17 de enero y que se extendieron oficialmente hasta el 28 de febrero de 1991.  En ese momento pasaron a ser elementos al servicio de una planificación que excedía las competencias de su propio gobierno y de los intereses de su propia nación. Cuando salieron de sus aguas jurisdiccionales pasaron a ser parte de una fuerza internacional que tenía una planificación, estructura y comando ajeno a sus mandos naturales y lo más importante, a las previsiones e hipótesis que durante años habían estado ensayando e incluso puesto en marcha durante la guerra de las Malvinas en 1982.

Fue por ello que para quienes habían estado en la guerra de Malvinas, todo este despliegue no era más que una rutina ya que el procedimiento para el alistamiento y zarpada era prácticamente el mismo. Pese a ello, hay que señalar que la naturaleza del conflicto y la entidad del mismo no se equiparaban. Pero lo importante para los intereses de cada hombre en aquellas dotaciones, era saber que desde el momento en que salían del puerto Naval de puerto Belgrano, adquirían derechos que se irían repotenciando a medida que avanzara la crisis hasta alcanzar un máximo nivel.

Era por ello que en esas circunstancias tan particulares que se representaron en dicho conflicto, cada hombre a bordo de esos buques seguía manteniendo su individualidad en lo que respecta a los derechos que nacerían de esa traumática experiencia. Así como militares en actividad cumplían con órdenes, obligaciones y directivas operativas de diverso nivel, nacieron a la par los correspondientes derechos por el fiel cumplimento de sus servicios en el marco de un conflicto bélico de características propias.

Para tratar de tapar ese cumulo de derechos, el gobierno siguiendo la retórica de Washington, se escudó detrás de un supuesto mandato de Naciones Unidas que en la realidad jamás existió.  Lo que si existió fue un ultimátum del Consejo de Seguridad, órgano de Naciones Unidas, pero nunca se expidió una orden ejecutiva como la referida orientada a conformar una “fuerza multinacional” bajo la bandera la organización. El detalle no es irrisorio ya que la corroboración de su inexistencia, fortalece aún más los derechos que como combatientes les son asequibles a cada hombre embarcado.

Sin dudas, de que los funcionarios y el área letrada del Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores y claro, de la Armada, estuvieron al tanto del detalle, pero creyeron que el paso del tiempo lo borraría y jamás sería conocido por sus protagonistas.

Claro que nada de eso se  les dio a conocer a todos aquellos participes de la operación militar ni mucho menos. El entonces gobierno argentino, implementando una política distorsiva y obsecuente hacia los EEUU, participo en la primera operación de intervención militar a gran escala de finales del siglo XX sin haber previsto los pormenores que deberían atenderse a la situación de sus hombres para el regreso o incluso, su no regreso. Los riesgos no solo fueron de carácter físico y material para los efectivos que fueron remitidos a dicha zona de operaciones sino también, fue un alto riesgo de carácter jurídico y político al que se expusieron por una clara falta de planificación, amateurismo y falta de conocimiento de cuál era la situación en la realidad.

Si alguien le hubiera preguntado al  entonces ministro de relaciones exteriores sobre ¿Qué hacer si uno de los buques era hundido o morían marinos en las operaciones de la Tormenta del Desierto”  o,  a cualquiera de sus funcionarios subalternos o incluso más, a cualquier burócrata que archivaba papeles en los estantes del ministerio, ninguno hubiera sabido responder esa pregunta. Mucho menos, lo hubieran explicado los representantes de la Armada. Y como afortunadamente eso no ocurrió, nadie se lo preguntó ni se lo han planteado para posibles intervenciones futuras.

Pero quienes fueron comisionados para embarcar en aquella misión inédita en lo que iba del siglo XX, la oportunidad no solo era única sino también interesante desde el punto de vista geográfico y paisajístico aunque es cierto decirlo, desde el inicio de las operaciones no hubo un solo momento de distracción para a lo menos relajar el ánimo. El peligro latente provenía de varias direcciones y no había seguridad alguna sobre la invulnerabilidad del cerco tendido en rededor de Iraq. Los hechos así lo demostraron cuando se pusieron en marcha las operaciones, aunque nadie de los presentes en aquel momento estaba autorizado –por constituir un secreto militar- a discurrir sobre ese tipo de incidentes.

A pesar de que cada uno de ellos mantenían una clara dependencia institucional de sus respectivos mandos que se circunscribía a su particular situación del estado militar, cada uno de ellos albergaban como ciudadanos y habitantes de la nación, una amplia gama de derechos civiles que la Constitución nacional ya reconocía antes de que se reformara en 1994. 

Como tales mantenían cada uno de ellos su derecho ineludible a reclamar ante las autoridades sus correspondientes derechos y el respeto a las garantías más elementales (Cfr. art. 14 y 18 CN). Como parte de las operaciones militares que se desarrollaron en aquel entonces, adquirieron una calidad especial que no es ni más ni menos que la de “combatiente”,  es decir, “aquel sujeto que, siendo miembro de una Fuerza Armada ha participado directa o indirectamente en el ataque a un adversario”. A partir de allí, la ley internacional reconoce esta calidad a quienes cumpliendo ciertos requisitos, tras el final de la contienda los hace pasibles de ser reconocidos como “veteranos”.  

Igualmente y pese a no ser entendible desde la distancia, en aquellos momentos el ánimo por hacer reclamos en el ámbito castrense nunca fue lo fuerte de los militares argentinos (salvo el caso del Ejército) y mucho menos de los miembros de la Armada. Una mezcla de ignorancia, falta de asesoramiento por parte de los mismos abogados de su institución, conceptos erróneos con la ineludible misión de manipular  los miedos de sus subalternos desde los altos mandos castrenses que respondían consecuentemente a los gobiernos de turno que poco o nada querían saber de esos asuntos, hicieron de ello un candado más que inviolable para los reclamantes.

Ello ha cambiado actualmente y queda más evidente que no habrá ningún tipo de pronunciamiento que reconozca a estas acciones si los actores de aquella guerra no abren la boca.