EN DEBATE
“SEGURIDAD CON EDUCACIÓN”
Por qué la situación de inseguridad y corrupción en la Argentina, se llevan de la mano con la impunidad política y la pobre educación ciudadana
Por
Javier B. Dal
En la Argentina suele haber un problema continuo y kármico en el
manejo de sus políticas institucionales y ese es, el de sectorizar los temas en
forma estanca y casi autista. Si vemos
lo que ha venido sucediendo desde hace cuarenta años hasta la fecha, veremos
cómo pareciera haber en cada rubro y cada estamento de la vida pública del
estado (Nacional, provincial y municipal) una completa desconexión o mejor
dicho una falta de complementariedad que pareciera inspirada por el temor a una
especie de contaminación. Y si, en la
sociedad argentina si hay algo que sobra entre y dentro de cada uno de sus
“ciudadanos” es un temor visceral al compromiso con los temas de la –como
decían los romanos- “res publica”
(cosa pública), poniendo en evidencia aquel carácter pusilánime tan visto en su
historia política a lo largo de décadas.
Como parte de este costumbrismo, hemos visto como temas tan
importantes como es la seguridad y la educación, se tratan de arreglar con
mayores presupuestos y nada más. En las últimas décadas a la par de las estafas
provenientes del poder y las mafias que se mueven en el espectro político se ha
sumado el abuso en las reclamaciones sindicales que llegan a situaciones tan
bizarras que parecen sacadas de una de aquellas viejas comedias de Mel Brooks
en las que el ingenio mal empleado se conjuga con empleados públicos que más
bien, parecen personajes de una sátira. Pero la realidad no es tan amable como
estas obras, tal vez disparatada, pero nada amable.
No cabe ninguna duda de que la educación es la base para el
desarrollo de una sociedad, pero este “servicio” no puede transformarse en una
tribuna de reclamos laborales que no beneficia a los realmente necesitados. Y
para muestra basta un botón. Una maestra de Capital tiene un sueldo y un nivel de
vida muy superior a la de una maestra de la Puna o de los perdidos
impenetrables en el Chaco, pero aquella busca más beneficios para supuestamente
mejorar la educación; algo que realmente no es verdad.
En el caso de la seguridad, obviamente no existe el reclamo
sindical por lo que y atendiendo al crecimiento endémico del problema de la
inseguridad, la situación de los salarios de los efectivos está en directa
atención de los respectivos gobiernos. Aunque parezca increíble, el gobierno
anterior convirtió esta área y con especial interés proselitista, como una
“fuente de empleo público”.
Vimos como el anterior gobierno para solucionar el gran tema de la
inseguridad, acudió a meras políticas cuantitativas que solo dan un parche
pasajero para una temática que debiera ser con un enfoque global y entendida
por expertos. Pero han sido décadas de artificios, improvisaciones y manejos
espurios de la seguridad, en la que los supuestos expertos no lo eran y para
peor, influenciada por una novedosa y nociva rama de los medios como es la
“opinología”. Cada gobierno ha hecho del área cuanto le vino en gana y en rigor
de verdad, solo se avoco a implementar medidas que en algunos casos fueron tan
efectistas como desastrosas. Como olvidar la destrucción de las escuelas de
Policía donde se formaban oficiales y suboficiales; o de las purgas del Ministro de seguridad Arslanian implementadas entre 2004 y 2007 que
además de inútiles, destituyeron a muchos buenos elementos de la policía
bonaerense. O más cerca en el tiempo y con una formulación inversa, durante el
gobierno de Daniel Scioli que, bajo una égida ideológica contradictoria y con
el objetivo de absorber el gran desempleo existente, terminó sobredimensionando
las estructuras policiales hasta convertirlas en un organismo elefantasio casi
imposible de controlar.
No hay que olvidar que esto se parece mucho, a cuando los
“brillantes” políticos de turno, trataron de reactivar el servicio militar
obligatorio, no para formar parte de una política de defensa remozada sino,
para solucionar problemas como el desempleo y el acuciante drama de la falencia
educacional y el terrible flagelo de la droga en los jóvenes. De esta manera,
los mismos que trinaron a los cuatro vientos para que se terminara este sistema
de reclutamiento, ahora clamaban por su regreso para que se ocuparan de
contener situaciones sociales y problemas familiares para los que las FFAA no
están preparadas. Sin dudas que la postura más coherente sobre éste tema la
aportó el entonces intendente de San Miguel Aldo Rico quien sostuvo en varias
oportunidades ante los medios, que el sistema de reclutamiento para el ejército
debería ser voluntario y de formación profesional, dejando siempre en claro
que, quienes revisten en éstas fuerzas como en las policiales no cumplen un
trabajo sino que son servidores públicos.
Pero han sido décadas de negocios y nada de políticas coherentes.
Desde negociados a expensas del estado hasta la colocación de parientes y
amigos en sitiales públicos, la clase política hubo embadurnado todas las áreas
de lo público, incluyendo a la de seguridad.
Hoy consecuencia de aquellas políticas, queda una policía con
serias deficiencias operativas y a la cual no puede exigírsele investigaciones
complejas. Con una genérica tarea de prevención materializada con presencia
callejera, la policía de la provincia de Buenos Aires solo aporta un básico
rango de seguridad que se limita a los ladrones comunes, trifulcas callejeras o
la comisión de un delito en lugares públicos. Para los delitos complejos como
el narcotráfico, lavado de activos, las estafas varias que involucran
micro-climas de corrupción en sectores públicos y privados, las DDI han
demostrado ser más parte del enemigo que otra cosa. Pareciera que existe un
prurito en la idea de que se forme una estructura de seguridad “inteligente”,
que logre combatir los grandes males que se han enquistado desde al menos las
últimas dos décadas con mucha fuerza: Narcotráfico y corrupción política.
Algunos mal pensados sugieren que la creación de una “AIC” (Agencia
de Inteligencia Criminal) es una muy mala idea para la clase política –sin
distinciones de izquierdas, centros o derechas-
que hoy está en danza, dado que se hallan enfermos del “efectismo
instantáneo” que tanto reluce en los medios televisivos, que se diluye
inmediatamente, para que no hayan rencillas futuras porque, como dice el dicho
“entre bueyes, no hay cornadas”. Si se erigiera una agencia con las
características de autonomía funcional, jurisdicción federal y personal
calificado, muchos negocios en la Argentina dejarían de funcionar y las
sorpresas en cuanto a los involucrados en los altos niveles del narcotráfico,
dejarían a las estafas de Lázaro Baez, Cristóbal López y todo el séquito “K”
como niños de jardín.
Además, una “AIC” rompería los tejidos de complicidades políticas
que se han montado por años de corruptelas y connivencias toleradas, por las
abultadas dádivas que aceptan los funcionarios corruptos y que tolera por
conveniencia o simple temor una mayoría de empleados a sueldo de baja
jerarquía.
Mediante una implementación de una legislación puntual, control
parlamentario y órganos de ejecución como los “Grupos Alfa”, el estado ruso ha
logrado limitar el accionar impúdico de grupos concentrados y mafiosos que
tratan de hacer pie en la Federación.
Pareciera necesario estar continuamente recordando que la
delincuencia no se agota a los ladrones violentos, los predadores sexuales o
aquellos que nacen y para su prosecución, de la acción privada del ofendido y
por los cuales, debe impulsar su causa sin la intervención del Ministerio
público. Hay una amplio espectro de los delitos que se han venido cometiendo en
el país, pertenecen a los que entre los ciudadanos de a pie se llaman “de
guante blanco”, en los cuales, altos funcionarios públicos han venido
esquilmando los presupuestos de hacienda por el único mérito del puesto que
ocupaban. ¿Acaso alguien desde el ministerio de seguridad y justicia les
investigo en su debido momento? La respuesta no es necesaria exponerla dado que
la mayoría de los argentinos la conoce muy bien. Se ha tolerado como algo de
“piolas” y de “vivos”, que alguien que entra en la política se enriquece en
forma desvergonzada y obscena, a costa del dinero de todos.
Y este costumbrismo criminal que claramente se enmarca en la tan invocada y nombrada “impunidad”, por razón de su
consuetudo a nivel social y la ausencia
de controles llevó a que dichas prácticas se instalaran en los más bajos
escalafones de la función pública nacional, provincial y municipal, llevando a
que se hallen pequeñas mafias que a la sombra de la estructura gubernamental,
han estafado y robado miles de millones de pesos. Ahora bien ¿Cómo pudo
progresar semejante metástasis de corrupción en tales áreas del estado?
Nuevamente la respuesta radicara en un claro dejar pasar y hacer por parte de
los organismos de control que, cooptados por funcionarios y empleados infieles,
permitieron esto. Incluso en muchos casos, los fiscales que deben investigar
este tipo de delitos lejos de realizar los esfuerzos tendientes a esclarecer
los hechos en beneficio del interés de la sociedad (art. 120 CN), terminaron
ejerciendo una defensa escandalosa de los influyentes imputados. Cuando se
hicieron los señalamientos y en pocos casos las denuncias sobre estas prácticas
viciosas, ningún juez de los que hoy parecen haber bajado de la luna y menos
aún el Consejo de la Magistratura hizo nada por avanzar en estos hechos.
En este sentido se puede concluir que el instituto del Ministerio
Público, creado para funcionar en el ámbito en la justicia, para perseguir el
delito en beneficio del interés general, con la garantía de independencia
funcional y por fuera del poder
judicial, es algo que en la realidad no sea cumplido. Sin dudas, la ausencia de
un verdadero control y de un área especializada en atender los delitos especiales
que se cometen dentro de un ámbito administrativo –clara y continuadamente
influenciado por la política- como es el poder judicial, propició
escandalosamente que esas situaciones avanzaran sin el mínimo escrúpulo dado
que, no hay forma de establecer con fehaciencia –que no significa que no
pueda ser probado-, la colusión de intereses para, por ejemplo, cerrar una
causa que molesta a alguien adinerado o con vínculos con el poder.
En la Argentina los casos de éste tipo son tantos, que si se hiciera
una investigación seria, los legajos de este tipo de causas “planchadas” se
graficarían en una montaña de papeles que casi siempre han sido archivadas por
la inoperancia de los fiscales y otras veces, por la ilegal operancia a favor
de éste funcionario a favor influyentes denunciados. Con los últimos
acontecimientos judiciales, ¿ será posible el comienzo de un cambio profundo de
la justicia?
