“EL
MEMORANDO”
¿Por
qué se cayó la causa judicial que intentaba incriminar a la vicepresidente y
otros funcionarios argentinos en un supuesto encubrimiento de los atentados en
Buenos Aires?
Por Charles H. Slim
Solo
en un país sin estado o con uno muy débil, sus actos administrativos y de
gobierno pueden ser discutidos por entidades políticas al servicio de terceros
estados. En Argentina esto es una realidad desde hace ya tiempo y no hay medida
de gobierno que a los ojos de ciertos actores, no les convenga, logren torcerla
hasta incluso paralizarla.
El caso del memorándum con la república Islámica de
Irán es emblemático en ello. Se sabe que desde 1983 hasta el presente el poder
del estado argentino como tal se ha ido deteriorando a niveles inconcebibles y
ello ha ido beneficiando a otros actores para estatales y de otros estados para
bregar por sus propios intereses, enmascarados detrás de tragedias como los
atentados de 1992 y 1994 adunándole convenientemente otros hechos posteriores como
fue la muerte del fiscal federal Nisman quien, aprovechando su funcionalidad
dentro del Ministerio público y siguiendo las sugerencias de terceros
interesados, planteo aquella iniciativa como “un plan de encubrimiento e
impunidad”.
Desde que se produjeron esos ataques, jamás se ha
logrado acreditar las acusaciones que las entidades políticas judías locales
(extensión de la embajada de Israel en Buenos Aires) vienen lanzando desde
diversos medios y en boca de insignes militantes pro-israelíes. Su
inconsecuencia discursiva ha quedado muy bien demostrada con el paso de los
años cuando desde aquel primer episodio contra la embajada de Israel en 1992
estos mismos sectores y desde ciertos medios se desgañitaron acusando a
supuestos nazis locales, a la OLP y a la “Jihad Islámica” estas últimas de
origen árabe-palestino. Convenía en esos momentos acusar a los palestinos -en
medio de tensiones entre Rabin y los ultraderechistas israelíes- hasta que
repentinamente y en vistas de que sus acusaciones no tenían factibilidad, cambiaron
el guion y apuntaron sus dedos hacia otro chivo expiatorio.
Lo mismo ocurriría con el ataque a la AMIA en julio de
1994 y en donde nuevamente, mediante el planteo de otra supuesta camioneta
bomba -nunca identificada y de la cual no se halló una sola pieza- se
volvieron a lanzar los dardos sobre los palestinos hasta que (tras la
intervención de la CIA y el Mossad) el relato fue modificado agregando un nuevo
elemento, la pista sirio-libanesa y a partir de ella, surgió (de aquella
elaboración hipotética) un conductor de origen libanés supuestamente
comisionado por el “Hesbollah” libanés quien a su vez recibió la orden de
Teherán.
La Argentina como país, ya era una entelequia débil y
condicionada por su acostumbrada crisis económico-financiera y su
administración de justicia no iba a escapar de esta circunstancialidad que limitaba
sus capacidades para encarar la complejidad de una situación como la que se presentaba
y de otras que se presentarían más tarde (como la voladura de la localidad de
Río Tercero, Córdoba).
Ello no significaba que careciera de recursos humanos
para obtener resultados en las pesquisas pero, siempre condicionados por la
acostumbrada ( e inconstitucional) mano política, factor omnipresente para
acomodar las situaciones a conveniencia del partido gobernante. Esto dejaba
expuesto un estado débil y permeable a cualquier influencia tanto interna como
externa. A partir de allí veríamos como desde la DAIA y organizaciones
sionistas locales e internacionales, bajo la cancina alegación de antisemitismo
para rechazar líneas investigativas que no agradaban a sus posiciones, presionaron
a los gobiernos argentinos para que se siguieran las pistas que
geopolíticamente convenía a Israel. Cualquier otra prueba que inclusive
demostrara lo contrario -como lo hicieron sobre las formas de explosión o
pesquisar las declaraciones del embajador israelí Itzhak Aviran- ,
simplemente se ralearía en los expedientes y se ridiculizaría ante los medios.
La firma del memorándum del gobierno de Cristina
Fernández con la república Islámica de Irán y la conformación de una Comisión
de la Verdad que buscaba la colaboración para que Teherán tuviera la oportunidad
de exponer su posición en estas acusaciones, fue una patada en la ingle para
Tel Aviv y algo intolerable para los recalcitrantes sionistas locales quienes
del vamos (más allá de que hacen centro de sus acusaciones en los iraníes) son
islamófobos que detestan todo lo que se relacione con el Islam.
Se trato de un típico acto público de gobierno que un
presidente comunica a otro gobierno iniciativas o temas a tratar en conjunto.
A la cabeza de voltear esta iniciativa se puso al
entonces fiscal Alberto Nisman quien pese a sus ínfulas y el marketing mediático
que lo secundaba, estaba jugando a dos puntas estando más al servicio de los
intereses políticos del estado de Israel y del Departamento de Estado norteamericano
que la búsqueda de la verdad material de aquellos atentados. Las revelaciones
sobre sus cuentas bancarias (con las cuales mantenía su costoso estilo de vida)
y estrechas relaciones con los servicios de inteligencia interesados en
involucrar a Irán y a Hesbollah, dejaron acabadamente demostrada su falta de
neutralidad funcional y tendenciosidad inaceptable para investigar.
Tratar de sostener una denuncia en base a
indicios salidos de informes de agencias de inteligencia, podrá haber sido
impactante para los aficionados argentinos e incluso intimidante pero, a la
postre se demostró que en la mayor parte de las veces estos informes son falsos
y solo buscan sustentar objetivos de los gobiernos a los que sirven. Las
inconsecuencias de la CIA en el 11/S y los informes armados para justificar las
invasiones a Afganistán en 2001 e Iraq en 2003 así lo han confirmado.
Incluso más, la denuncia de 288 páginas con la cual
pretendía nexar un supuesto complot mediante la firma de este memorándum más
allá de la potencialidad de sus acusaciones (sin contar las inconsecuencias
como fue la farsa de Hadi Soleimpanpour ante la justicia británica) no tiene la
sustancialidad probatoria suficiente como para acreditar su hipotesis y fue por
ello -pese a las presiones- que estaba destinada a caerse. Su muerte
sigue siendo materia de discusión y controversias incluso dentro de la misma
comunidad judía local que se halla tironeada entre la lealtad al estado de
Israel o la verdad sea cual sea.
El intento de fabricar un caso con doble efecto (uno
interno contra CFK y otro externo contra la república Islámica de Irán) fue incluso
discutido y rechazado por partidarios pro-Israel como el fallecido politologo
Carlos Escude y muchos miembros de esta comunidad desatando contra todos ellos los
acostumbrados insultos y desvalorizaciones personales atinentes a sindicarlos
como “malos judíos”, “antisemitas” o simplemente “traidores”.
Igualmente estos no se amilanaron y plantearon hasta
el último momento las inconsecuencias en el líbelo de Nisman que para algunos
fue un “guión miserable y criminal” alejado del objetivo de buscar la tan
errática justicia en un país tan corrupto. El desenlace de la causa judicial
montada desde los sectores sionistas (entre los que se hallan el PRO y parte de
la oposición), calificada por algunos como una verdadera “megapatraña”, con
estas finalidades espurias no podía ser otro y fue por ello que tras el
sobreseimiento de los sindicados encabezados por Cristina Elisabet Fernández,
como algunos han dicho “se ha hecho un poco de justicia” en una Argentina institucionalmente
desarticulada.