NACIONAL

“HASTA DONDE LLEGARA EL CONTROL DE GASTOS”

La política de recorte de Macri ya lleva treinta mil despidos de ex empleados del estado y podría seguir aumentando si se escudriña más a fondo

Por Javier B. Dal

La década ganada de la que hablan los restos del Kirchnerismo, ha sido sin dudas una ganancia para sus bolsillos. Tras la inmediata asunción del presidente Mauricio Macri y Cía, parece que además de cumplir con sus promesas de sanear el atiborrado espectro de los empleados públicos que  fueron designados a troche y moche por  otrora gobierno “nacional y popular”, se halla en la investigación de dónde se han ido yendo varios millones de pesos en contratos sin licitaciones, preventistas y proveedores del Estado.

La década que se fue y que jamás volverá, fue sin dudas un festival de negociados y mal uso de recursos del estado que en demasiados casos,  terminaron en manos de funcionarios corruptos sus familiares e incluso de una cadena de particulares que a la sombra de algunas secciones bastantes oscuras, viven a costa del estado. Así se pudo ver como el peculado, la malversación de causales y las asignaciones irregulares de fondos fueron prácticas que, si bien se agravaron en la “era K” tenían una vieja prosapia.  En resumen, el gobierno Kirchnerista no inauguro esta práctica, solo la desvió y permitió a otros sectores ideológicamente afines.

Sin dudas de que la era K representó un festival para los puestos denominados “ñoqui” que significa cuando alguien que figura en una repartición pública a sueldo de la nación o de una provincia, no concurría a trabajar y solo aparecía los días 29 de cada mes para cobrar por ventanilla.  O de aquellos empleos creados para cubrir verdaderas intensiones políticas que usando la caja pública, pretendían crear instituciones partidocráticas como la AFSCA y el Centro Cultural Kirchner que pagaban todos los ciudadanos fuesen o no partidarios del “pingüino”.

Una de las áreas donde se practicaba a mansalva estas actividades ilícitas, era en algunas áreas dentro de las unidades militares donde y como parte del presupuesto nacional, se asignan recursos para que en las mismas se administre de acuerdo a gastos tan variados como la comida, la compra de repuestos o implementos hasta la autorización de gastos  para tareas que pueden estar clasificadas por el carácter del personal involucrado. Dentro de estas dependencias, existe la llamada área contable donde –y casi por obviedad- está a cargo de un oficial que tiene título de contador público. Como tal, está sujeto a las mismas previsiones legales que todo contador que se desempeña en el campo liberal, debe respetar y sobre sus actividades, dar cuenta cuando ellas le sean requeridas.

Antes de que la Dra Nilda Garré asumiera  en diciembre del 2005 como Ministro de defensa, los rumores sobre negociados entre proveedores del estado, oficiales a cargo de las áreas contables y personal civil de inteligencia (PCI) retumbaban por los pasillos del edificio de Azopardo 250. Pero como parecía una costumbre enraizada de décadas, nadie pareció prestarle atención y menos aún darle entidad de importancia. Según algunas fuentes, Garré fue enterada casi en forma inmediata a su asunción, de varias irregularidades contables en al menos tres unidades militares dispersas en la provincia de Buenos Aires.  Lo que parecían rumores y corrillos que se reducían a “dime y diretes”, fue tomando entidad tras la decisión de la ministro de tomar el toro por las astas y obtener  pruebas sustanciales sobre lo que, según informaban fuentes internas y reservadas describieron como “negociados y desvíos de fondos injustificados”.  

Al parecer en la operatoria ilícita, se estaban sobrefacturando compras de víveres y la adquisición de equipos por Batallones que no estaban justificados.   Esto representaba una aparente violación a las disposiciones del Plan Anual de Contrataciones PACIC, que multiplicado por el total de unidades militares del Gran Buenos Aires representaría el desvío de varios millones de pesos que de auditarse, no podrían ser justificados.  Según fuentes reservadas, por el año 2008 la ministra habría iniciado una pesquisa interna dentro de las unidades que se señalaba como sospechadas de irregularidades contables y en las que incluso, se señalaban el pago de sumas de dinero para tareas que no estaban políticamente autorizadas.

Según señalaba la fuente, lo que más había desatado la indignación de la ministra Garré fue que se estarían usando sumas de dinero para realizar espionaje no autorizado y en el cual, involucraría  a los llamados PCI que, bajo cubiertas que enmascaran estas tareas, tienen un régimen especial y actúan como “alcahuetes” del arma de inteligencia militar  dentro de la ciudadanía.  Pese a que las sospechas de la ministro se vieron reflejadas en la detección y apartamiento de varios oficiales involucrados en estas irregularidades,  no se ahondo hasta donde llegaba filtración de dineros públicos que estaba siendo usufructuado por inescrupulosos agentes civiles.

Y eso solo fue la punta de una madeja que no se termino de desenredar. Por el 2010, Garre firmo un convenio con el Mercado central que a instancia del recordado Guillermo Moreno, facilito la compra directa sin la necesidad de licitación previa.  Cuando Garre salió de defensa, el general César Milani –favorito de la entonces ministra de seguridad Nilda Garre- fue nombrado al frente del Ejército Argentino en 2013, las irregularidades sobre desvíos de fondos para compras justificadas con facturación truchada, no solo siguieron llegando sino que además, se volvió una denuncia oficializada por el diputado Pinedo, que fue sin dudas, fuente discordias entre Garre y  el ministro de defensa Arturo Puricelli.

La práctica no es novedosa. En el ámbito provincial ha sido algo casi normalizado, la existencia de los “buchones” que trabajan para la policía a cuenta de estar en una nómina de pagos que los mantienen cautivos de la fuerza. Sin dudas con la llegada de la democracia, muchos de aquellos PCI han encontrado buen cobijo en estas nuevas redes del submundo de los tonos grises a negros. Recordemos que  allá por febrero del año 2000 el Ejército Argentino despidió a unos 500 PCI tras haberse detectado que llevaban adelante actividades no autorizadas que en muchos casos tenían fines de lucro, en beneficio propio. No cabe dudas de que es un área riesgosa en la cual explorar pero, es posible que el presidente Macri, que parece no doblarse con facilidad,  pueda tener intensiones y coraje político de meter la mano y revolver la basura apilada bajo la alfombra, para al menos constatar cuántos son los “agentes civiles” que revisten como PCI y su  verdadera utilidad operativa.

Es posible que no veamos ninguna medida profunda sobre esto.  Las razones de ello, son muy simples: Es demasiado sucio el bajo fondo que alberga a estos PCI y para peor, los cables que se han tendido por el general Milani durante su gestión ante el Ejército Argentino, que –valga recordar- no es un oficial de un arma cualquiera, llegan al Pentágono. Algunas fuentes extraoficiales señalan que aquel organismo militar estadounidense ve con muy buenos ojos al general argentino y con el cual, se pudo implementar una doctrina avanzada en inteligencia electrónica que en cierto sentido, prescinde de la humana. En éste último sentido, las falencias advertidas en la SIDE y otras fuerzas de seguridad tras la muerte de un fiscal federal, demostrarían que el elemento humano sigue siendo débil al dinero.

Es por ello y con el objetivo de sellar las grietas –sin dudas las más escondidas- por donde se permean los dineros públicos,  que al menos el gobierno macrista realice un control y censo sobre la existencia, operatividad y estilos de vida de estos PCI que en muchos casos no podrían justificar sorpresivas y múltiples inversiones que se no se justificarían con lo que aparentan.

Supuestamente, estos sectores subterráneos pagados por el estado, debieran funcionar para el bienestar público, en pro de la defensa nacional  pero, como hemos visto con lo anteriormente mencionado y los ejemplos cercanos de la muerte de un fiscal federal dentro de su departamento en el centro de la capital porteña y inexplicable fuga de tres reos de una cárcel de máxima seguridad, su funcionalidad y su lealtad parece bastante dudosa.