“REALISMO
GEOPOLITICO”
¿Es posible
hacer coincidir los intereses geopolíticos de los actores internacionales con
el valor justicia universal?
Por Pepe Beru
Ha sido una constante en el mundo de los medios y la
propaganda el relato que presenta a los EEUU como el “líder del mundo
democrático”, quien podía actuar como mejor le pareciera sin tener que
responder ante nadie ya que, desde Washington irradiaba algo así como la luz de
la moral y de la ética política con alcance global.
Pero eso solo ha sido una máscara que hoy ya no
existe y debajo de la cual se encubrían las mismas e incluso peores
arbitrariedades a las vistas antes de que existieran las Naciones Unidas. Ha
sido un desconsuelo para algunos y una revelación para otros, la prueba del
pragmatismo político estadounidense, ver que el mundo se salvo del nazismo pero
paso tener que soportar por casi medio siglo las ambiciones imperialistas tanto
de “EEUU y sus aliados” como de la URSS.
Durante esas épocas de guerra fría, también pareció
congelarse la legalidad internacional ya que, bajo ese paraguas geopolítico imperante
se avasallaron en varias formas derechos y la soberanía de muchos estados; es
por ello que cabría preguntarse ¿Qué había sucedido por ese entonces con la ley
internacional?
En realidad la ley internacional siempre estuvo allí
y también era aplicable a éste presunto “campeón liberal” solo que fue continuadamente
saltada gracias a la indebida influencia que ejercía Washington y por supuesto,
la obsecuencia política de quienes deberían hacerla valer y de ese mal que
tanto castiga a las estructuras organizadas y en particular a la administración
de justicia contemporánea como es la corrupción.
Esa corrupción es la que ha carcomido a los
organismos internacionales encargados de “promover y mantener la paz” en
especial Naciones Unidas, convertida en un obsceno club de amigos para el
tráfico de influencias que a éstas alturas podría asegurarse que ya no ostenta
el respeto y la confianza que alguna vez pudo tener y menos aún ejerce ningún
tipo de poder legal para hacer valer en forma imparcial e igualitaria, las
prescripciones de la Carta Orgánica.
En los últimos treinta años hasta esta parte se
puede aseverar que ha prevalecido la ley del más fuerte y del más influyente (tanto
en lo político como lo financiero), evidenciando como los organismos
internacionales además de no tener poder alguno para resolver los conflictos
que sacuden la paz y la estabilidad de varias regiones, solo tienen a la
“democracia” como una fachada.
Los precedentes para llegar a estas conclusiones son
varios y graves. Pese a todas las resoluciones, cumbres y mandatos existentes, el
cumplimiento de la ley internacional ha sido sesgadamente discrecional y en
algunos casos inexistente. Casos emblemáticos de esto han sido las muy
discutidas interpretaciones que se han hecho de varias situaciones conflictivas
y de los preceptos aplicables, o de los impedimentos y obstrucciones a
investigaciones que dejaban a la luz la subterránea
–e inconveniente- implicancia de
algunos actores influyentes del foro (Casos de las Armas de destrucción masiva
en Iraq 1998-2002; supuestas represiones el gobierno de Gadafi en Libia 2010; ataques
químicos en Siria 2013).
Esas influencias actuaron al amparo de una supremacía
absoluta que con el paso de los años fue mermando gracias a la aparición de
nuevos actores con un relativo poder limitador de esos abusos. Esto se vio en
Siria, donde todo indicaba que terminaría como Libia hasta que Rusia decidió
jugar un papel estratégico en la lucha contra las fuerzas irregulares que,
utilizando el terrorismo, estaban asediando al país árabe y que a su vez
respondían a esos poderes que pretendían rediseñar la región mediante tácticas
siniestras (Fabricar ataques químicos). Fue así como Vladimir Putin impulso
esta audaz política exterior que deshizo las estrategias engañosas de esos
estados que acostumbradamente manipulaban los hechos y las decisiones de
Naciones Unidas.
Sin lugar a dudas, el ingreso de Rusia a la arena geopolítica
ayudo a dejar en claro que un acto de guerra es un acto de guerra venga de
donde venga.
Era evidente que ello desataría reacciones de quienes se
beneficiaban del hegemonismo geopolítico y traería consecuencias que igualmente
no cambiaron la política rusa. El convencimiento del presidente Vladimir Putin de
que la ley internacional rige para todos se reflejo en los hechos. Fue así que
cuando el Kremlin advirtió las injerencias occidentales para dar el golpe de estado
en Kiev en 2014 que colocaría un gobierno pro-estadounidense, Rusia impido que Crímea cayera en manos de la
OTAN ¿Qué habría podido hacer Naciones Unidas si ello ocurría? La respuesta
hubiera sido, nada.
Es inaudito que para algunos estados y
organizaciones (OTAN) no rija la ley e incluso se pasen por alto sus acciones
criminales. Durante la segunda parte del siglo XX y lo que va de este, las
forzadas y hasta escandalosas interpretaciones políticas que se han hecho de
este tipo de actos a favor de la política exterior estadounidense y de algunos
de sus aliados ha sido por demás vergonzosa.
Si partimos de la base de que la ley internacional
regula hechos y situaciones en el marco de las relaciones entre los diversos
actores públicos y privados, se presume que dentro de éste espectro global
(aunque complejo y diverso) debiera primar el trato igualitario –entendiendo esto como un trato entre iguales-
. En este sentido, la muerte de una persona de cualquier nacionalidad,
confesión o etnia debiera ser tratada con el mismo interés y la misma importancia
que el caso revista. Lo mismo con las agresiones a las soberanías de los países
en sus más variadas formas.
La agresión, las intervenciones militares y las
ocupaciones territoriales con eminentes intereses coloniales parecen males que
en algunos casos particulares Naciones Unidas no puede o no quiere condenar. Precisamente
la falta de actuación del organismo lleva a crear situaciones de injusticia que
propulsan conflictos y con ellos calamitosas crisis humanitarias que se agregan
al problema original retroalimentando así un ciclo vicioso sin fin.
El caso de las usurpaciones de territorios
palestinos con desplazamiento de sus habitantes para construir asentamientos
israelíes es una de las aberraciones más notables y vigentes de la actualidad
contemporánea. Aprovechando la división interna y las carencias de la población
árabe palestina, Israel puede hacer lo que quiera sobre la vida, la salud y los
bienes de cada uno de ellos. En este sentido, se puede ver como la población
palestina se halla virtualmente desamparada por la legislación internacional y
mucho más por los organismos (Naciones Unidas) quienes debieran hacerla
cumplir.
Parece un contrasentido hablar de este tipo de
sucesos cuando éstas prácticas se hallan prohibidas desde la fundación misma de
Naciones Unidas pero lamentablemente ellos son la evidencia de una cruda y
turbia realidad de hasta donde llegan las influencias dentro de las decisiones
del organismo. Y ciertamente que ello ha sido y sigue siendo una realidad bochornosa
posible por los entuertos y las connivencias que existen entre los intereses
que se basan en los estamentos políticos y financieros de EEUU y los
funcionarios del organismo internacional.
La instauración de la Corte Penal Internacional a
instancias del Estatuto de Roma (17 de julio 1998) encargado de investigar y
procesar delitos gravisimos de lesa humanidad es sin dudas una esperanza para
los oprimidos y los olvidados pero, desde el punto de vista realista es algo
así como “lobo sin colmillos”. De este modo hay que preguntarse ¿Cómo podría
procesar a funcionarios de estados y organizaciones que cuentan con la fuerza
militar, la influencia política y financiera para desmontar a la misma Corte?
De ese modo podríamos preguntarnos ¿Hay diferencias
entre la ONU y la OTAN? Obviamente sí en lo que respecta a sus objetivos pero
no, en cuanto a quiénes responden al final. Todos ellos son funcionarios
políticos y como tales responden a un mismo poder. Del mismo modo y mirando la
región del Caribe y Sudamérica podemos hacernos una pregunta similar con
respecto a la OEA, una organización que casi siempre ha marchado parejo a
posiciones políticas que el Departamento de Estado tiene sobre la región.
Queda claro que con esta infraestructura de organizaciones
que deben velar por la equidad y la paz entre las naciones, no hay garantías de
una justicia real ya que esta muy claro que cuando los investigados por violar
las leyes internacionales son juez y parte.
