¿SECESION?

¿Por qué las políticas económicas del presidente Javier Milei pueden disgregar la integridad territorial de la Argentina?

 

Pepe Beru

Si bien ya sabemos que la población argentina vive continuamente en una crisis existencial que afecta la calidad del estado que les gobierna, la que se ha desatado en los últimos días entre el gobierno federal y las provincias de la Patagonia ponen en relieve una nueva dimensión de esa crisis perpetua.

Las circunstancias que rodean esta situación, no son las mejores. El gobierno de Milei y no es un secreto, es un peón de los intereses externos que se alinean dentro de los planes hegemonistas de Washington y la OTAN.

La visita de Anthony Blinken se inscribe dentro de esto y aunque para la mentalidad del presidente y de sus laderos anglófilos ello sea para festejar, no lo es para el pueblo argentino. Washington ve con mucho interés que Argentina se convierta en un activo estratégico (no un socio) para moverlo a conveniencia en escenarios tan diversos como es Ucrania, el Mar Rojo e incluso contra China.

Quienes lo votaron no lo hicieron para que terminara de entregar al país a intereses foráneos de los cuales empresarios como Eduardo Elztain tienen una privilegiada conexión; se suponía que venía a crear cambios no ha profundizar la entrega.

Mientras traba muy buenas relaciones con los enemigos del país (Gran Bretaña), puertas adentro el presidente abre nuevos frentes con su propia gente.

El conflicto que se ha desatado con las provincias patagónicas y en especial con Chubut por la coparticipación, es algo muy delicado y peligroso para la ya precaria estabilidad institucional. Para el presidente Milei el dinero de esa coparticipación no debe entregarse a las provincias bajo el argumento de su icónica frase “no hay plata”, pero hay un problema: La coparticipación es un instituto constitucional que surge de la división federal del país.

La postura rebelde del joven gobernador Ignacio Agustín Torres de la provincia de Chubut no es poca cosa. La suya es una importante productora de petróleo y gas con lo cual, ante la negativa del gobierno federal de girar los fondos coparticipables que corresponden por ley, ha optado por una medida audaz y arriesgada que podría arrinconar a la administración de Milei ya que se puede decir que Torres y los otros gobernadores manejan el combustible para mover al país.

Esto ha sentado un precedente inédito para el país con lo cual podría ser el síntoma de nuevas y mayores crisis de este tipo.

Más allá de las descalificaciones que hizo el presidente sobre el joven gobernador, la situación planteada es -como bien dije- inédita pero no por ello carente de fundamentos. Si vemos como se está conduciendo Milei para llevar adelante sus actos ejecutivos y las prioridades que arbitrariamente pone por delante, se advertirá que carecen de tacto y van directo al choque. Precisamente este gobernador pertenece al PRO, fuerza que pese a que ellos mismos aclaran “no gobiernan”, son aliados estratégicos del gobierno libertario.

Pero esto es un conflicto de intereses económicos entre las provincias y la nación con lo cual, es un terreno muy resbaladizo y un manejo del mismo puede desatar otros problemas.

La posición adoptada por el gobernador patagónico implica algo más que un simple desacuerdo con Buenos Aires. Hasta el momento las discusiones se han canalizado por la vía judicial tomando intervención como instancia originaria la Corte Suprema de la Nación algo que no impide que el poder ejecutivo nacional pueda optar por vías políticas más directas y determinantes.

Las amenazas de cortar el suministro de combustible (por la excusa que se diga) al resto del país podrían ser interpretadas como un acto de sedición con lo cual se podría utilizar la herramienta de la intervención federal de las provincias rebeldes. En este país ningún sector quiere violencia ya que prefieren los malos arreglos antes que enfrentarse. Si ese fuese el camino elegido por Milei, habría que ver si ello es posible, cuáles serían las formas para efectivizar esa intervención y el costo político que tendría para el gobierno.

Pero supongamos que el presidente ordena un inmediato restablecimiento del flujo del combustible cortado, la vía judicial no dará esa inmediatez. El poder ejecutivo como tal, supone ejecutividad y dentro de sus facultades se halla la de conducir y disponer para las fuerzas militares de la nación para conjurar cualquier amenaza a la nación.

Igualmente, y en cualquiera de las más diluidas formas aquí mencionadas, una intervención para controlar las terminales desde donde se bombea los hidrocarburos implicaría el uso de la fuerza estatal. Traducido: El empleo de fuerzas militares de asalto o de seguridad como Gendarmería y Prefectura.

Para ello, las posiciones de la ministra de seguridad interior Patricia Bullrich y del ministro de defensa Luís Petri son centrales ya que, si en un arranque de visceralidad a la que nos tiene acostumbrado el mandatario de las “fuerzas del cielo” optara por el uso de la fuerza, las opciones materiales para ejecutarla no solo son limitadas sino que, muy costosas.

Si lo vemos desde la posición provincial, los argumentos para retener  las ganancias que surgen de los hidrocarburos que se explotan en su subsuelo, las provincias son de carácter preexistentes a la nación con lo cual se estaría declarando sin decirlo, una autonomía preexistente de la autoridad federal que el gobierno podría malinterpretar de forma deliberada para acusar a los gobernadores patagónicos de liderar y buscar la secesión territorial. 

Por lo pronto no hay que menospreciar la posibilidad de que el conflicto escale. En las últimas horas se ha sumado el apoyo del gobierno provincial de Tierra del Fuego con lo cual, la voluntad de resistir la posición de Buenos Aires es clara aun cuando los otros gobernadores de provincias productoras (como era de esperar) se fueron al mazo ¿Por qué? Porque no tienen la menor intensión de confrontar al gobierno central y mucho menos quedar mal ante las empresas explotadoras, entonces los habitantes de esas provincias deberían preguntarse ¿Estos gobernadores están defendiendo nuestros intereses?