EN DEBATE

“¿POLITICA JUSTICIABLE O JUSTICIA POLITIZADA?”

Cómo bajo los argumentos de “investigar” las autorías de los atentados de la embajada y de la AMIA, el gobierno trata de implantar institutos y procedimientos claramente discutibles.

Por Charles H. Slim

Tal como lo señalamos anteriormente, el presidente Macri parece que hará honor a sus promesas pre-electorales, en especial a las vinculadas con las investigaciones sobre la galopante corrupción que se instalo durante una década en el estado y que fue el origen de la fortuna de muchos funcionarios y partidarios “K”.  

Otra de las que ha hecho un solemne compromiso por  dilucidar, es la responsabilidad por los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA ocurridos dos décadas atrás.  Para ello ya se han puesto andar una proposición que no reporta precedentes en la administración de justicia argentina, que se vincula por un lado con la creación de una Comisión parlamentaria y por otro, con la instauración de una institución ajena y foránea a la tradición jurídica nacional como es el llamado “juicio en ausencia”.

Casi se hace innecesario tener que señalar su origen anglosajón  de éste último ya que, se sabe que éste procedimiento se suele aplicar en los tribunales de EEUU, contra sujetos que  acusados de algún crimen, no están presenciando el juicio que los tiene por sujeto de acusación, algo que para Macri y su gobierno, representa la Meca de modernidad y la civilidad. Si bien y en honor a verdad desde hace varios años se ha venido bregado por este tipo de comisiones, pero fue el fiscal Moreno Ocampo –triste funcionario de la Corte Penal Internacional- quien funcionando como asesor de la DAIA y la AMIA, por el 2013  había dado su visto bueno para este tipo de instituto pudiera implantarse en el país, dando argumentos y precedentes bastante discutibles.

El proyecto que fue presentado  por un grupo de diputados al Ministro de Justicia de la nación, tiene una finalidad bien dirigida y orientada a como dé lugar, se le endilguen aquellos hechos a supuestos autores iraníes concretando de este modo, las intensiones de Tel Aviv  por obtener un casus belli contra la república de Irán. No hay que olvidar que tras diez años de la creación de la fiscalía espacial AMIA dirigida por el fiscal Dr. Alberto Nisman pese a esgrimir como prueba un informe artificioso producido por la CIA y sus colegas israelíes, no logró demostrar ni someramente la materialidad de una supuesta camioneta bomba conducida por un supuesto suicida.  Es sin lugar a dudas, el intento tercerizado y escandaloso por acusar, mediante el estado argentino y  por cualquier medio a quien representa un rival geoestratégico, político y militar que obstaculiza los planes por lograr avanzar en sus políticas expansionistas en la región.  

Tomando en consideración estas circunstancias, se puede advertir que por una política claramente sesgada y que tiene una preferencia ideológica bien marcada, se está comprometiendo peligrosamente la posición política y diplomática de la república Argentina, en una geopolítica delicada, cambiante y harto peligrosa que no tolera tonos grises y menos aún, marchas atrás.  Debe quedar claro que  las decisiones del gobierno no debieran pasar por las consideraciones de potencias extranjeras ya que si eso ocurre, demuestra que el país carece de soberanía política. Si existe la voluntad de erigir una Comisión parlamentaria deberá tomar todas las pistas como valederas y no –como se ha vislumbrado desde antaño y comprometido por Macri- orientar  solo y como sea, a una “pista iraní” sin abordar la “pista israelí”, muy conducente si consideramos el conveniente deceso de Nisman y sus actividades previas.

Con la oficialización de este instituto, acusar a los “supuestos” autores iraníes, será un hecho concreto y del cual los mismos acusados no tendrán forma de contrarestar.  Es evidente que desde el gobierno de Macri –con la venia de Tel Aviv- se impulsa  que la justicia sentencie un veredicto conveniente que haga cosa juzgada.  Con ello  veremos cómo se utilizara –o mejor dicho manipulara- a la administración de justicia argentina, para concretar objetivos políticos de terceras potencias que nada tienen interés de que se conozca la verdad de lo ocurrido.  Para Tel Aviv y sus aliados locales, se trata de una batalla crucial por lograr argumentar la culpabilidad no ya de sujetos de origen iraní, sino de la república Islámica.

Pero desde que a finales del 2014 Washington y Teherán lograron establecer un memorando de entendimiento por el desarrollo nuclear iraní, Tel Aviv se ha visto arrinconado  por la impotencia que le causó ésta disposición dialoguista de La Casa Blanca que terminó con un acuerdo firme que le permite a Irán seguir con sus programas nucleares para fines pacíficos. Igualmente y en medio de aquellas tratativas, Tel Aviv hizo todo lo posible por boicotear las conversaciones incluso, mediante una operación de escucha y grabaciones de charlas personales, tratando de chantajear a algunos de los representantes del grupo de los “cinco más uno”  para condicionarlos al momento de votar.

Entre medio, el 18 de enero del 2015 aparece muerto el fiscal federal que “investigaba” los atentados de la embajada y la AMIA; una muerte muy sospechosa ciertamente y que dejó entre otras revelaciones, sus estrechas conexiones con organismos sionistas con sede en New York, con la CIA y el Mossad.

Un último intento político por sabotear las conversaciones fue a comienzos de marzo del 2015 con la llegada estrepitosa y –costumbristamente- prepotente de Benjamín Netanyahu a Washington, puntualmente al Capitolio donde mediante un ácido discurso aseguró que “Irán había atacado a la embajada de Israel y la mutual AMIA en Buenos Aires” para lo cual exigía medidas de acción directa, que obviamente debían estar encabezadas por La Casa Blanca.

Igualmente y pese a estas tretas, Teherán y Washington lograron para mediados de Julio del 2015 firmar el acuerdo definitivo en Viena. Además, se levantaron los embargos que pesaban desde hacía 35 años con lo cual, las condiciones de Irán comenzarían a mejorar en forma progresiva con lo cual,  Tel Aviv que además de buscar dañar al país islámico con operaciones secretas o malogradas campañas militares, mediante sus  poderosas redes financieras, trata desesperadamente de entorpecer el crecimiento económico del país.  

Para mayor desagrado de Netanyahu y Cía que buscaba “mayores sanciones y más agresivas”, terminó por morderse la lengua cuando vio azorado como Washington y Teherán establecieron lazos de cooperación para auxiliar al régimen de Bagdad, amenazado para aquel entonces por un imparable avance del “Estado Islámico” y de los “Comité revolucionarios”.

Es por ello que con el desarrollo de estos proyectos de formar una Comisión  investigativa que, vaya a saber quién ha sido el que designo a cada uno de sus componentes y de tratar de instaurar un instituto como el juicio en ausencia, además de desnaturalizar a los principios jurídicos, derechos y garantías  que son parte de la tradición jurídica nacional y que están implícita y explícitamente reconocidos en la Carta magna –vrg. Arts. 1, 16, 18, 28, 33 y ccts con los Pactos que la nación adhiere-  pueden verse abrogados por estás implantaciones foráneas que no buscan propósitos claros.