INSTITUCIONALES, PERO NO TANTO
¿Cuáles han sido las causales que hasta no hace mucho impedían a la CPI
procesar denuncias contra el estado de Israel y EEUU por violaciones a los
derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma?
Por
Charles H. Slim
Una de las muletillas más utilizadas por todas las administraciones en Washington para justificar varias de sus incursiones sobre la soberanía de otros estados es la de la institucionalidad, la democracia y el respeto a la ley internacional, pero las evidencias dejan a la vista otra cosa.
Como era esperar, estas preocupaciones siempre estuvieron muy al margen
de las editoriales de los medios argentinos, especialmente los capitalinos
siempre listos y comprometidos para tapar la mierda del poder angloestadounidense.
Mirar para otro lado y hacer como si no pasara nada es un deporte nacional.
Así mismo y pese a los extensos precedentes contra el respeto a la
Carta de Naciones Unidas como al resto de las normativas internacionales, ha
sido muy difícil para las pretensas instancias judiciales internacionales,
limitar estos abusos. El Establecimiento norteamericano ya estaba al corriente
de esto y no ignoraban que este abuso no podía perpetuarse en el tiempo sin que
comenzaran las resistencias en el mundo.
Fue así como en 2002 el presidente George W. Bush firmó un proyecto de ley denominada “Ley de protección del Personal de Servicio Estadounidense”[1] por medio de la cual se permite invadir a los Países Bajos o cualquier otro territorio donde haya una instancia judicial que se atreva a procesar y/o recluir a uno de sus ciudadanos (soldado, funcionario, agente) o de alguno de sus aliados. El momento no fue casual. Recordemos que Bush le daba a la CIA y a una serie de nuevas agencias, carta blanca para la cacería de brujas contra el Islam bajo el rotulo de las “guerra contra el terrorismo” legalizando tácticas como el secuestro, la tortura[2], la sodomización[3] y el asesinato que se simbolizarían con la activación de campos de concentración como Guantánamo[4], Abu-Graib[5], Bagram[6] entre muchos otros.
Quienes asesoraron a Bush, le informaron que este aquelarre de
violencia y violaciones a los derechos humanos no duraría y que sería
previsible que surgieran jueces en las instancias del Tribunal de la Haya y de
la Corte Penal Internacional con valor para aplicarles la ley. Puntualicemos
que Barack Obama (un supuesto fenómeno de la política) no dijo nada sobre esta
ley con lo cual, está aún pendiente de ser puesta en vigencia. Hoy eso se ha
materializado y el pedido de captura internacional por la CPI contra Benjamín
Netanyahu y otros altos cargos del gabinete israelí estaría siendo puesto en
consideración para que la entrante administración de Donald Trump implemente
aquella ley sí sus socios son arrestados y llevados a La Haya.
Al parecer el público estadounidense y mucho más el global, ignoraban
sobre esta pieza legal con lo cual deberían ir tomando conocimiento de la
situación y de las posibles consecuencias de su aplicación.
El planteo que presenta la ley ya de entrada es una abominación contra
el derecho internacional. Es sin dudas, una autorización ilegal e ilegítima a
ejercer la fuerza contra una instancia judicial internacional. Si lo vemos
desde tan solo su elucubración legislativa, ya comprende penalmente un acto
preparatorio para delinquir dado que, esa ley autorizaría a una fuerza militar
a incursionar contra la soberanía política de otro estado, para perpetrar una
acción militar que causaría bajas y daños.
Reiteradamente Washington ha remarcado que no se ve obligado a cumplir
con las normas del Estatuto de Roma por el cual se tipifican los más graves
delitos contra la humanidad. Incluso por consejo de sus abogados, se ha acudido
al artilugio de presentar un escrito diciendo que “sus instituciones judiciales
arbitrarían los medios para investigar”. Lo mismo su aliado Israel,
pretendiendo en ambos casos escapar a las investigaciones por los incontables
casos de crímenes y violaciones a los derechos humanos que ya no son posibles
de esconder.
Sobre aquel argumento de que sus sistemas judiciales investigaran la
comisión de los delitos denunciados, ya de entrada representa una contradicción
jurídica insalvable que se corrobora con saltarse el principio cardinal de que
nadie puede ser juez y parte en un proceso y que garantiza la imparcialidad.
Además y sobre esto, la casuística tanto en EEUU como en Israel, ha sido descarada
como vergonzante ya que la impunidad ha sido la regla en los casos abordados.
Esto a su vez pone en evidencia que los recursos como la influencia
político-diplomática, la extorsión o simplemente la amenaza no basta para que
los casos se archiven. Tampoco las operaciones sucias de la CIA y el Mossad
quienes son expertas en trabajar sigilosamente para presionar, amedrentar o
simplemente eliminar obstáculos.
Es por ello y para el caso de que Netanyahu o cualquiera de sus
funcionarios se atrevan a desafiar la orden de captura, de ser detenidos por
las autoridades policiales de la jurisdicción que los han capturado, podríamos
despertarnos una mañana y enterarnos que un comando trató de liberarlos ¿Se
atreverán a patear el último resquicio de legalidad que le queda al mundo?
[2]
Tan solo en Iraq, la impunidad con la que actuaron los invasores angloestadounidenses
fue aberrante: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/mde140012006es.pdf
[3] La
CIA suele emplear psicópatas y delincuentes sexuales para maximizar sus tareas
de interrogación: https://www.bbc.com/news/articles/cgk7xdlx8kvo
. A ello se agregaron los métodos siniestros e imaginativos para sodomizar a
los prisioneros, uno de ellos conocido como la “rehidratación rectal”: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/150194-brutal-tactica-tortura-cia-informe
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