viernes, 18 de diciembre de 2020

 

 

“HACIA UNA GEOPOLITICA JUDICIAL”

Cómo vencer la sordera y la arbitrariedda judicial internacional ante los crímenes de lesa humanidad ejecutados por las potencias occidentales y sus aliados

 

Por Charles H. Slim

Historias de horror como las del joven iraquí Ahmed Ibrahim P. se han vuelto demasiado comunes para el interés de los medios occidentales y hace ya mucho que no les interesa difundirlas. Fue allá por 2005 cuando apenas tenía doce años y vivía en la localidad de Baquba al noreste de Bagdad,  aviones estadounidenses bombardearon su casa matando a toda su familia sin que hasta el día de hoy nadie respondiera por ello. Casos similares se multiplicaron por miles antes de la invasión y durante la estancia de los invasores anglosajones. Y es que ni el gobierno colocado por la ocupación permitió criticar las acciones de los estadounidenses y mucho menos permitieron a las víctimas el acceso a una administración de justicia minimamente imparcial dado que, la misma no existía y podemos asegurar que al día de hoy aún no existe.

Lo mismo lo hemos visto en Afganistán donde los casos de matanzas por ataques aéreos de la OTAN y Drones de la CIA han pasado a la mera anécdota de la historia y las estadísticas sin interesarle a la administración colocada y controlada por la Alianza Atlántica darle respuestas a sus habitantes y en particular a las víctimas de aquellas acciones criminales. Ante esto ¿Quién puede juzgar las responsabilidades de los ocupantes?

Pakistán es otro ejemplo de estas arbitrariedades criminales, donde los Drones de la CIA (con la cooperación de otras agencias y gobiernos europeos)  han solido incursionar sobre aldeas perdidas en zonas inhóspitas del país causando masacres inexplicables entre los pobladores que solo han sido puestas en las páginas de los medios occidentales cuando no han podido ocultarlas al público.  

Lo mismo en Yemen, donde los Drones de la CIA y de sus aliados sauditas han causado masacres de características similares sin que las organizaciones como Naciones Unidas hayan puesto un límite objetivo a estas agresiones. La gran pregunta que sigue sin responderse es ¿Qué instancia judicial sería competente para investigar y procesar estos crímenes de lesa humanidad? Esta claro que la respuesta es muy difícil de contestar y el motivo para ello esta dado por las implicancias políticas que ella conllevaría. Tanto el Tribunal Internacional de Justicia (La Haya) como la Corte Penal Internacional se hayan de algún modo sujetos a los hilos políticos y financieros de EEUU y de la UE dejando evidente, que poca imparcialidad puede esperarse al momento de tramitar casos tan gravosos que involucran a sus gobiernos.

Este dilema ya se venía planteando con la situación de ocupación en Palestina en la cual, los palestinos son sometidos por parte de los israelíes (militares, policía y colonos) a todo tipo de abusos y arbitrariedades que Tel Aviv trata de maquillar ante la comunidad internacional con procesos judiciales fraudulentos y ciertamente ilegítimos sustanciados en tribunales militares israelíes de ocupación ¿Acaso estos son los jueces naturales de los palestinos?, ¿Qué tipo de validez pueden tener este tipo de organismos extraños a la idiosincrasia  no árabes ni islámicos- donde el juez es parte y verdugo? 

Tenemos dos elementos en común en todos estos crímenes y ellos son los autores y el origen de las víctimas. En el caso de los últimos mayoritariamente son musulmanes ¿Casualidad? Nosotros creemos que para nada.

Estos crímenes han sido sistemáticamente ocultados bajo el tapete de los medios masivos occidentales y en algunos casos, cuando no han podido eludirlos, los han justificado anteponiendo de forma artificiosa y deliberada  argumentos tales como el “daño colateral”, “la culpa es de los extremistas”  y de hechos que se dan en el marco de la “lucha contra el terrorismo”, éste último y  que como se ha dicho hasta el cansancio, ha sido un embuste con trasfondos políticos y financieros (de miles de millones de dólares) creado por las agencias de inteligencia estadounidenses en conjunto con sus aliados más cercanos (leáse Gran Bretaña e Israel).

La aparición de la Corte Penal Internacional  en 1998 que funciona en el marco del Estatuto de Roma el cual contempla la persecución de delitos gravísimos contra la humanidad, ha mitigado en algunas regiones del mundo la comisión  de estos brutales crímenes contra las poblaciones. Pero casualmente EEUU y otros países que mantienen un oscuro record de violaciones a los derechos humanos (masificados por el poderío militar con el que cuentan) no han adherido a esta instancia judicial. Muy conveniente ¿No lo cree usted así? Sumado a esto, Washington y Tel Aviv usan de forma solapada sus influencias político-diplomáticas para presionar a la sede judicial para que se abstenga de investigar sus asuntos lo que a la vista de cualquiera son veladas amenazas de consecuencias si continuan con esos propósitos.  A pesar de ello se están haciendo esfuerzos para que dicho tribunal atienda estos crímenes de guerra y lesa humanidad. 

Durante los últimos cuatro años se le ha estado endilgando todas las culpas de muchas de estas acciones a la administración de Trump aunque cierto es, que ello no es tan así. Sin dudas que su gestión ha sido muy discutida pero no por la producción de hechos abominables como los aquí comentados, no para nada. Las críticas que se le plantean en esta área pasan más bien por su reticencia a continuarlas con la masividad con las que durante las gestiones de Bush y Obama se llevaron adelante. Al contrario, Trump redujo este tipo de operaciones pero no por algún prurito humanitario, la misericordia  o por el respeto a la ley internacional. Solo lo hizo por una cuestión de reducción de gastos presupuestarios.

Pese a que CNN y todo el emporeo de medios occidentales no dicen nada, las muertes se siguen produciendo sin que halla replicas judiciales.

Pero el 25 de noviembre, el Tribunal Administrativo Federal de Alemania dictaminó en un caso presentado por un sobreviviente de estos ataques que, a pesar de la conclusión de un tribunal anterior de que la Base Aérea Ramstein del ejército estadounidense en el suroeste de Alemania había jugado un “papel central”, no era suficiente para procesar a los norteamericanos. Como puede verse, Alemania quedó vínculado a la responsabilidad por dicha acción (que se multiplica por miles de acciones similares) aunque no es necesario señalar, que Washington pondrá su mano para que la sangre no llegue al río.

Y así fue. Este ciudadano yemení que vió morir a toda su familia por un ataque de Drones, luchó de forma incansable por obtener algo de atención de la justicia teniendo en cuenta que tendría todos los camnios cerrados para llegar a la verdad. Pese a ello presentó una demanda en el Tribunal Administrativo Superior de Münster, Alemania, y en marzo de 2019 recibió un pequeño reconocimiento cuando el tribunal determinó que el programa de aviones no tripulados de EE.UU en Yemen era ilegal. Fue así que sin más rodeos se puso en campaña por reclamar ante la justicia estadounidense por estas responsabilidades ¿Qué cree que sucedió?

Sin dudas sabía que habría oposición y hasta el desprecio de una buena parte de los mismos norteamericanos que no quieren reconocer las bestialidades que ha cometido y sigue cometiendo su país en el exterior. Peor aun, la Justicia Federal de EEUU pone más trabas al acceso a una pretendida justicia negando la legitimación de cualquier víctima a reclamar por estos asesinatos con Drones de la CIA.

Ante esto parece más que claro que se hace necesario establecer una geopolítica judicial ajena a la influencia occidental que pueda contrapesar a esta situación arbitraria y que le permita (especialmente) a las víctimas musulmanas tener representaciones fieles para que puedan presentar sus casos de forma eficaz. Para ello se requiere un compromiso de los gobiernos islámicos para que trabajen en conjunto para elaborar y establecer los parámetros de éste nuevo paradigma.

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