miércoles, 10 de febrero de 2021

 


“AVANCES DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL”

La decisión de la Corte Penal Internacional de entender en la investigación de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Palestina abre la puerta a una justicia extensamente postergada para los palestinos. Ahora bien ¿Podrá vencer el poder y la influencia con la que el sionismo cuenta a nivel global?

 

Por Dany Smith

La cuestión Palestina había venido siendo un tabú para los medios informativos occidentales, un tema urticante para los gobiernos y sin dudas uno de los huecos negros en la legislación internacional ya que, durante décadas se había evitado molestar a Israel con las demandas de respeto a los derechos humanos de los pobladores árabes palestinos. Estas preocupaciones estaban principalmente en los funcionarios políticos de las principales potencias occidentales y de Naciones Unidas quienes (de diferentes modos y épocas) dieron un espaldarazo importante para que se instaurara y mantuviera por la fuerza una “Patria Judía”  en territorios de Palestina. 

Los hechos históricos son irrefutables y pese a la influencia que los sionistas supieron explotar en favor obtener el silencio de los gobiernos occidentales (y por supuesto de los medios) sobre sus brutalidades y arbitrariedades (como parte de sus castigos colectivos) contra la población palestina, hoy eso ya no es posible de mantener. Antes una aldea palestina podía ser asaltada por las bandas sionistas y sus habitantes asesinados y enterrados en fosas comunes sin que The Washington post  o el New York Times sacara una sola línea sobre ello. Incluso masacres contemporáneas tan abominables como las ejecutadas en Jenin allá por 1999, o las llevadas a cabo sobre la Franja de Gaza en 2009 y 2014, el corte y envenenamiento del agua potable que alimenta la red de la Franja, el hostigamiento naval a los pescadores palestinos o el asalto a los buques de ayuda humanitaria internacional pasaron poco menos que desapercibidas por estos medios occidentales. 

Hoy, el asesinato de un joven palestino, el secuestro de mujeres, niños y las violentas usurpaciones de terrenos en Cizjordania a manos de sus “colonos importados” saltan a la luz de forma instantánea gracias a la velocidad de las redes sociales.

Para citar solo un caso reciente, ocurrido el 5 de febrero último, el asesinato del joven palestino Khaled Noufel[1] en la aldea Ras Karkar en Ramallah a manos de colonos israelíes, sumó un crimen más en la larga lista de hechos criminales impunes cometidos por sujetos relacionados y apoyados con el ente sionista.

Asimismo ante la realidad de esto, Tel Aviv, sus colaboradores y simpatizantes internacionales han tratado de argumentar que las acusaciones presentadas se tratan de exageraciones y que en el caso de las usurpaciones y la construcción de asentamientos judíos no forma parte de una guerra demográfica contra la población palestina. A la luz de los hechos estas alegaciones son tan inauditas como tratar de tapar el sol con el dedo. En lo referente a estos argumentos  cabría preguntarse ¿Cómo puede interpretarse el allanamiento de fuerzas militares en hogares e incluso aldeas palestinas para desalojar a sus habitantes y terminar demoliendo con sus topadoras sus viviendas? ¿Puede interpretarse eso como falsedades o exageraciones? Sin dudas, que los comunicadores de la causa sionista  -cebados por décadas de impunidad- aún tratan de menospreciar la inteligencia de la opinión pública global acudiendo a la retórica del antisemitismo que dicho sea de paso, ellos mismos incurren al justificar el asesinato de árabes palestinos.

Pese a que las principales plataformas de redes colaboran –por simpatías y/o negocios- con el intento de censurar la circulación de estas inconveniencias, ello no ha dado el resultado esperado. Incluso la costosa e invasiva red de espionaje electrónica israelí que  Tel Aviv eufemísticamente denomina como “Unidades de Ciberguerra” -destinada según su propaganda-  a “combatir el terrorismo” se centra más en interceptar, espiar y borrar la circulación de estas informaciones que otra cosa. Igualmente estos esfuerzos no han logrado mermar su circulación y el impacto de las atrocidades que ha cometido y sigue cometiendo el estado de Israel.

La sanción en 1998 del Estatuto de Roma[2] que constituyó la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, vino a traer nuevos aires a una compleja realidad internacional enmarcada en una circunstancialidad geopolítica peculiar signada por el unilateralismo estadounidense, con actores trasnacionales como la OTAN notoriamente influyentes e intocables por otras instancias judiciales.  Sucesos como fueron la guerra del Golfo entre enero y febrero de 1991, los Balcanes en la exYugoslavia a comienzos de mayo de 1991, el genocidio en Rhuanda de 1994, la guerra de Chechenia en 1994, los indiscriminados bombardeos de Israel sobre el Líbano en 1996 y otras masacres colectivas que parecían escapar a cualquier instancia judicial, hicieron necesario que se repensara una legislación y un organismo que atendiera estos gravisimos casos de crímenes de guerra y lesa humanidad (Cfr. arts. 5, 6, 7 y cctes).  La Argentina lo ratificó en 2001 y de esa manera, sus previsiones  se harán obligatorias y aplicables dentro de sus fronteras.

A pesar de algunos traspiés (caso de la intervención de la OTAN en Libia 2011)[3], la evolución de la CPI ha sido positiva y su decidido posicionamiento en hacer cumplir su competencia penal en  igualdad de condiciones y sin excepciones odiosas, está demostrando que no se encuentra limitada por la presión y la influencia de algunos de los actores internacionales altamente comprometidos con casos graves  de violación de los derechos humanos.

El caso más destacado en los últimos quince años es el de EEUU, fomentador de guerras y de inestabilidad política en Oriente Medio y Asia que ha conllevado a crisis humanitarias que aún no pueden ser resueltas. El espectro y amplitud de consecuencias que estas acciones han causado hizo que no pudieran ser ocultadas bajo el tapete de la historia. De esta forma el tema de las invasiones, las ocupaciones, el desarrollo de nefastas operaciones de “contrainsurgencia” a cargo de los militares y la CIA, las torturas y ejecuciones de prisioneros, violaciones, desplazamiento de poblaciones y refugiados, nunca tuvo una atención judicial imparcial y obviamente ello quedo relegado a muy pocas líneas en los medios occidentales.

Durante los últimos dos años, la Corte Penal Internacional había venido lidiando con el Departamento de Estado norteamericano para que facilitara las investigaciones por  de crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses y personal civil de la CIA en Afganistán, situación que podría extenderse a los ejecutados en Iraq durante los ocho años de ocupación (2003-2011). Obviamente, Washington negó cualquier cooperación alegando principalmente tecnicismos legales como es no adherir al Estatuto de Roma y por ello no reconocer su competencia aunque ello no debiera ser un obstáculo por el carácter universal de su jurisdicción.  

La Casa Blanca y el Departamento de Estado también se posicionaron sobre las investigaciones de crímenes cometidos por Israel en Palestina dejando en claro que ello “traería consecuencias contra el personal de la CPI y sus familias”. En esos momentos Mike Pompeo considero esta posición como una afrenta intolerable a su mejor aliado en el Oriente Medio y amenazo a la Corte y a sus funcionarios de que sufrirían las consecuencias –especialmente las económicas- si continuaban con sus prosecusiones.

Aunque las formas claramente extorsivas y amenazantes que desplegó el entonces Secretario de Estado norteamericano no dejó lugar a dudas de que la Corte iba en el buen camino, no fueron una sorpresa. Anteriormente por septiembre de 2018 el ex Asesor  del presidente Donald Trump, John Bolton –un ardoroso sionista al servicio del Lobbie pro-Israel en el Congreso-, había sido claro y muy contundente al emplazar a la Corte para que se abstuviera de investigar a individuos estadounidenses, israelíes o de otro país aliado.

Pese a las amenazas la fiscal en jefe Fatou Bom Bensouda se mantuvo firme y continuó con su trabajo que está enfocado a investigar crímenes que el estatuto prescribe sin importar quienes sean sus ejecutores. A comienzos del mes de febrero se ha hecho oficial que la CPI ha reconocido a Palestina como un estado miembro y por ello se halla legitimado a demandar y a su vez la corte es competente para llevar adelante, investigaciones sobre los crímenes de guerra contra la población palestina ordenados y cometidos por individuos al servicio o pertenecientes al estado de Israel. La Cámara preliminar I de la Corte resolvió que es competente para ponerse a indagar sobre la “presunta” comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en los territorios ocupados  incluyendo Jerusalen este.

Sin lugar a dudas, malas noticias para Tel Aviv y una seria preocupación para los incontables involucrados en este tipo de crímenes. En este sentido las reacciones no se hicieron esperar y el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu salió al cruce acusando a la Corte Penal Internacional como “antisemita” y de impartir “justicia perversa” lo que a la vista de los hechos y todos sus antecedentes a la fecha es una demostración de puro cinismo y verdadera perversión. Pese a lo positivo del anuncio de “la Corte”, su implementación podría dar lugar a ciertas complejidades y una de ellas es, la multiplicidad de nacionalidades que compone la población israelí ya que se sabe, que los judíos de muchos países (especialmente de occidente) dispuestos a formar parte del estado judío, una vez cumplidos los dieciocho años de edad concurren a servir en las filas de las FDI y de allí poder optar por continuar la vida militar o radicarse para llevar adelante otro tipo de negocios.

De este modo ¿Cómo podría citarse o requerirse a un sospechado de cometer o participar en estos crímenes si tiene doble pasaporte? Sin dudas se pondrá a prueba a los gobiernos de cada país que albergue a un connacional requerido por alguno de estos trascendentes crímenes. El caso es más común de lo que usted puede llegar a creer y ello –con la ayuda de gobiernos adeptos a Israel- podría complicar la tarea de poner a rodar los mecanismos de la Corte


[1] Con apenas 34 años de edad y con una familia, Khaled Noufel deja huérfano a un pequeño niño de cuatro años de edad que no olvidará jamás este crimen: https://www.youtube.com/watch?v=6Kbeu0WS5jA

[2] Estatuto de Roma accesible en el siguiente vinculo: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

[3] Que involucro en un escándalo al entonces procurador argentino Luis Moreno Ocampo que dejo en evidencia la corruptibilidad y la influenciabilidad de algunos de sus funcionarios por algunos estados.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario