“AVANCES DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL”
La decisión de la Corte Penal Internacional de
entender en la investigación de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos
en Palestina abre la puerta a una justicia extensamente postergada para los
palestinos. Ahora bien ¿Podrá vencer el poder y la influencia con la que el
sionismo cuenta a nivel global?
Por
Dany Smith
Los
hechos históricos son irrefutables y pese a la influencia que los sionistas
supieron explotar en favor obtener el silencio de los gobiernos occidentales (y
por supuesto de los medios) sobre sus brutalidades y arbitrariedades (como
parte de sus castigos colectivos) contra la población palestina, hoy eso ya no
es posible de mantener. Antes una aldea palestina podía ser asaltada por las
bandas sionistas y sus habitantes asesinados y enterrados en fosas comunes sin
que The Washington post o el New
York Times sacara una sola línea sobre ello. Incluso masacres contemporáneas
tan abominables como las ejecutadas en Jenin allá por 1999, o las llevadas a
cabo sobre la Franja de Gaza en 2009 y 2014, el corte y envenenamiento del agua
potable que alimenta la red de la Franja, el hostigamiento naval a los
pescadores palestinos o el asalto a los buques de ayuda humanitaria
internacional pasaron poco menos que desapercibidas por estos medios occidentales.
Hoy,
el asesinato de un joven palestino, el secuestro de mujeres, niños y las violentas
usurpaciones de terrenos en Cizjordania a manos de sus “colonos importados”
saltan a la luz de forma instantánea gracias a la velocidad de las redes sociales.
Para
citar solo un caso reciente, ocurrido el 5 de febrero último, el asesinato del
joven palestino Khaled Noufel[1] en
la aldea Ras Karkar en Ramallah a manos de colonos israelíes, sumó un crimen
más en la larga lista de hechos criminales impunes cometidos por sujetos
relacionados y apoyados con el ente sionista.
Asimismo
ante la realidad de esto, Tel Aviv, sus colaboradores y simpatizantes
internacionales han tratado de argumentar que las acusaciones presentadas se
tratan de exageraciones y que en el caso de las usurpaciones y la construcción
de asentamientos judíos no forma parte de una guerra demográfica contra la
población palestina. A la luz de los hechos estas alegaciones son tan inauditas
como tratar de tapar el sol con el dedo. En lo referente a estos argumentos cabría preguntarse ¿Cómo puede interpretarse
el allanamiento de fuerzas militares en hogares e incluso aldeas palestinas
para desalojar a sus habitantes y terminar demoliendo con sus topadoras sus
viviendas? ¿Puede interpretarse eso como falsedades o exageraciones? Sin dudas,
que los comunicadores de la causa sionista -cebados por décadas de impunidad- aún
tratan de menospreciar la inteligencia de la opinión pública global acudiendo a
la retórica del antisemitismo que dicho sea de paso, ellos mismos incurren al
justificar el asesinato de árabes palestinos.
Pese
a que las principales plataformas de redes colaboran –por simpatías y/o negocios- con el intento de censurar la
circulación de estas inconveniencias, ello no ha dado el resultado esperado.
Incluso la costosa e invasiva red de espionaje electrónica israelí que Tel Aviv eufemísticamente denomina como “Unidades
de Ciberguerra” -destinada
según su propaganda- a “combatir el terrorismo” se centra más en interceptar,
espiar y borrar la circulación de estas informaciones que otra cosa. Igualmente
estos esfuerzos no han logrado mermar su circulación y el impacto de las
atrocidades que ha cometido y sigue cometiendo el estado de Israel.
La
sanción en 1998 del Estatuto de Roma[2] que
constituyó la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, vino a traer
nuevos aires a una compleja realidad internacional enmarcada en una
circunstancialidad geopolítica peculiar signada por el unilateralismo
estadounidense, con actores trasnacionales como la OTAN notoriamente
influyentes e intocables por otras instancias judiciales. Sucesos como fueron la guerra del Golfo entre
enero y febrero de 1991, los Balcanes en la exYugoslavia a comienzos de mayo de
1991, el genocidio en Rhuanda de 1994, la guerra de Chechenia en 1994, los
indiscriminados bombardeos de Israel sobre el Líbano en 1996 y otras masacres
colectivas que parecían escapar a cualquier instancia judicial, hicieron
necesario que se repensara una legislación y un organismo que atendiera estos
gravisimos casos de crímenes de guerra y lesa humanidad (Cfr. arts. 5, 6, 7 y
cctes). La Argentina lo ratificó en 2001
y de esa manera, sus previsiones se
harán obligatorias y aplicables dentro de sus fronteras.
A
pesar de algunos traspiés (caso de la intervención de la OTAN en Libia 2011)[3], la
evolución de la CPI ha sido positiva y su decidido posicionamiento en hacer
cumplir su competencia penal en igualdad
de condiciones y sin excepciones odiosas, está demostrando que no se encuentra
limitada por la presión y la influencia de algunos de los actores
internacionales altamente comprometidos con casos graves de violación de los derechos humanos.
El
caso más destacado en los últimos quince años es el de EEUU, fomentador de
guerras y de inestabilidad política en Oriente Medio y Asia que ha conllevado a
crisis humanitarias que aún no pueden ser resueltas. El espectro y amplitud de
consecuencias que estas acciones han causado hizo que no pudieran ser ocultadas
bajo el tapete de la historia. De esta forma el tema de las invasiones, las
ocupaciones, el desarrollo de nefastas operaciones de “contrainsurgencia” a
cargo de los militares y la CIA, las torturas y ejecuciones de prisioneros,
violaciones, desplazamiento de poblaciones y refugiados, nunca tuvo una
atención judicial imparcial y obviamente ello quedo relegado a muy pocas líneas
en los medios occidentales.
Durante
los últimos dos años, la Corte Penal Internacional había venido lidiando con el
Departamento de Estado norteamericano para que facilitara las investigaciones
por de crímenes de guerra cometidos por
las tropas estadounidenses y personal civil de la CIA en Afganistán, situación
que podría extenderse a los ejecutados en Iraq durante los ocho años de
ocupación (2003-2011). Obviamente, Washington negó cualquier cooperación
alegando principalmente tecnicismos legales como es no adherir al Estatuto de
Roma y por ello no reconocer su competencia aunque ello no debiera ser un
obstáculo por el carácter universal de su jurisdicción.
La
Casa Blanca y el Departamento de Estado también se posicionaron sobre las
investigaciones de crímenes cometidos por Israel en Palestina dejando en claro
que ello “traería consecuencias contra el personal de la CPI y sus familias”. En
esos momentos Mike Pompeo considero esta posición como una afrenta intolerable a
su mejor aliado en el Oriente Medio y amenazo a la Corte y a sus funcionarios de
que sufrirían las consecuencias –especialmente
las económicas- si continuaban con sus prosecusiones.
Aunque
las formas claramente extorsivas y amenazantes que desplegó el entonces
Secretario de Estado norteamericano no dejó lugar a dudas de que la Corte iba
en el buen camino, no fueron una sorpresa. Anteriormente por septiembre de 2018
el ex Asesor del presidente Donald Trump,
John Bolton –un ardoroso sionista al
servicio del Lobbie pro-Israel en el Congreso-, había sido claro y muy
contundente al emplazar a la Corte para que se abstuviera de investigar a
individuos estadounidenses, israelíes o de otro país aliado.
Pese
a las amenazas la fiscal en jefe Fatou Bom Bensouda se mantuvo firme y continuó
con su trabajo que está enfocado a investigar crímenes que el estatuto
prescribe sin importar quienes sean sus ejecutores. A comienzos del mes de
febrero se ha hecho oficial que la CPI ha reconocido a Palestina como un estado
miembro y por ello se halla legitimado a demandar y a su vez la corte es
competente para llevar adelante, investigaciones sobre los crímenes de guerra
contra la población palestina ordenados y cometidos por individuos al servicio
o pertenecientes al estado de Israel. La Cámara preliminar I de la Corte
resolvió que es competente para ponerse a indagar sobre la “presunta” comisión
de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en los territorios
ocupados incluyendo Jerusalen este.
Sin
lugar a dudas, malas noticias para Tel Aviv y una seria preocupación para los incontables
involucrados en este tipo de crímenes. En este sentido las reacciones no se
hicieron esperar y el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu salió al cruce
acusando a la Corte Penal Internacional como “antisemita” y de impartir
“justicia perversa” lo que a la vista de los hechos y todos sus antecedentes a
la fecha es una demostración de puro cinismo y verdadera perversión. Pese a lo
positivo del anuncio de “la Corte”, su implementación podría dar lugar a
ciertas complejidades y una de ellas es, la multiplicidad de nacionalidades que
compone la población israelí ya que se sabe, que los judíos de muchos países (especialmente
de occidente) dispuestos a formar parte del estado judío, una vez cumplidos los
dieciocho años de edad concurren a servir en las filas de las FDI y de allí
poder optar por continuar la vida militar o radicarse para llevar adelante otro
tipo de negocios.
[1]
Con apenas 34 años de edad y con una familia, Khaled Noufel deja huérfano a un
pequeño niño de cuatro años de edad que no olvidará jamás este crimen: https://www.youtube.com/watch?v=6Kbeu0WS5jA
[2]
Estatuto de Roma accesible en el siguiente vinculo: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
[3]
Que involucro en un escándalo al entonces procurador argentino Luis Moreno
Ocampo que dejo en evidencia la corruptibilidad y la influenciabilidad de algunos
de sus funcionarios por algunos estados.
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